[Opinión] Hugo Perea: Costo de vida, falta de credibilidad y protestas

Desde una perspectiva económica, las fuertes protestas que tienen lugar en Junín reflejan, principalmente, dos factores.

El primero, es el encarecimiento del costo de vida por la elevación de los precios de diversos alimentos y de los combustibles. Efectivamente, la inflación acumulada en los últimos veinticuatro meses es de casi 10%, una erosión no despreciable del poder adquisitivo de los consumidores. Es importante aclarar que la aceleración de la inflación se explica por factores externos que han elevado las cotizaciones internacionales del petróleo y de commodities agrícolas que se usan en la producción de alimentos elaborados. Lamentablemente, debido a la guerra en Ucrania, la normalización de estos precios internacionales va a demorar algo más.

Ante esta situación, el Banco Central viene elevando la tasa de interés de referencia desde agosto del año pasado para evitar un mayor desanclaje de las expectativas inflacionarias. Asimismo, el gobierno ha incorporado otros combustibles al Fondo de Estabilización para estos productos y elevado el monto del vale que se otorga a las familias empadronadas en el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE).

Además, acaba de anunciar recortes del ISC para combustibles y la exoneración del IGV para diversos alimentos, medidas debatibles porque favorece a sectores que no requieren apoyo, puede tener un alto costo fiscal y, si bien se ha mencionado que estas son transitorias, es previsible que será difícil revertirlas.

El segundo factor detrás de las manifestaciones es la falta de credibilidad y liderazgo para comunicar y explicar las razones del incremento de los precios y las medidas que se vienen implementado para atenuar sus impactos. Las intervenciones públicas tienen mayor eficacia cuando el público entiende el origen del problema y la racionalidad de las medidas.

Lamentablemente, explicaciones incoherentes de diversos representantes del oficialismo acerca del reciente incremento de los precios (“culpa de los oligopolios”, “grupos de poder”, “la Constitución no permite regular los precios”, etc.) no ayudan y lo que percibe el público es que, ante diagnósticos simplistas, no se toman acciones y se generan expectativas que no son adecuadamente canalizadas.

En general, las medidas para mitigar la pérdida de bienestar que generan estos incrementos de precios deben continuar focalizándose sobre los sectores más vulnerables de la población, que son los que están más expuestos. Y de otro lado, es necesario que las autoridades recuperen la credibilidad en sus explicaciones y anuncios de medidas para enfrentar esta situación.

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