[Opinión] Guillermo Shinno: “Urge prevenir los conflictos desde el Estado”

La reacción del gobierno a los llamados conflictos sociales mineros viene siendo tardía. No existe el sentido de urgencia para resolver esta problemática. La unidad minera Cuajone en Moquegua ha sufrido casi dos meses de paralización. Las Bambas, en Apurímac, ha tenido más de un año paralizada desde que inició sus operaciones en 2016.

Recientemente, se publicó el Índice Fraser, que recoge la percepción de los principales líderes en minería del mundo sobre cuán atractivo resultan los distintos países como destino de inversión y los resultados son desalentadores para Perú. Hemos retrocedido, ubicándonos ahora en el puesto 42 de 84 países evaluados. Si analizamos las variables detrás de este índice, vemos que, en cuanto a políticas públicas y tratamiento de conflictos sociales, hemos retrocedido al puesto 69.

Para cualquier inversión es necesario el factor de predictibilidad y, aunque los mercados tengan un grado de incertidumbre, es deber de los gobiernos minimizar los riesgos y generar confianza. Urge, por tanto, implementar una estrategia consistente para solucionar los conflictos sociales actuales y futuros.

Esta estrategia deberá tener, al menos, estos dos pilares. Primero, inversión temprana en comunidades cercanas a la minería, de manera que las poblaciones vean los efectos positivos (el buen uso del canon, impuestos y regalías es fundamental). Incluso dichas inversiones podrían darse anticipadamente, previo al inicio de operación de un proyecto con cargo a una futura carga impositiva.

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Segundo, acompañamiento a los empresarios mineros en sus relaciones con las comunidades; no solo como entes neutrales o de verificación, sino buscando la implementación y ejecución de los proyectos, sabiendo los efectos positivos que se tendrá en las comunidades de directo impacto y en el país.

Estos dos pilares refuerzan el vínculo Estado-empresa-comunidad evitando la infiltración de agentes externos que solo buscan beneficios personales (económicos o políticos) y para los que las comunidades son un pretexto y no el fin de sus “luchas”.

Según estudios del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), más de 5.6 millones de peruanos dependen del sector minero, y es por eso que apoyar la ejecución de todos los proyectos mineros (tenemos una cartera de US$ 53,000 millones) no solo es una alternativa, sino el principal camino del gobierno para generar empleo. La mejor manera de gobernar para el pueblo es generando trabajo.

(*) El columnista es Gerente general de Apumayo y exviceministro de Minas.

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