[Opinión] Gabriel Ortiz de Zevallos: “Es urgente, no especifiques qué ni para qué”

Tomar decisiones serias sin especificar qué y para qué es muy riesgoso. En algunas circunstancias la vida obliga a tomar acciones sin resolverlas del todo, pero al menos alguna noción debemos tener, si no queremos arriesgarnos a terminar peor de lo que estábamos. Creo que, al menos en esa postulación general, deberíamos poder llegar a un consenso.

Maite Vizcarra y René Gastelumendi en sus columnas semanales coinciden en el fetichismo que se está generando respecto a la idea de la asamblea constituyente. Iván Alonso, a su vez, nos repasa contenidos de la Constitución actual, para ver qué podría quererse cambiar. No los une a los tres una misma posición política, sino la sensatez de preguntarse el qué y para qué. Sin embargo, hay cada vez más una narrativa, construida sobre falacias, sobre una supuesta necesidad de cambiar la Constitución en su totalidad, como si eso no tuviera consecuencias negativas obvias de incertidumbre general y generación de mayor crisis económica de la que ya tendremos, como resultado de la inestabilidad política y la violencia de las protestas. ¿Cuánto va a tomar recuperar la imagen de destino turístico seguro que había logrado recuperar el Perú, cuando se ha vuelto costumbre cerrar vías, tomar aeropuertos e interrumpir el tren a nuestro destino más visitado? ¿Cuántos años han retrocedido Cusco y Puno como posibles destinos de algo que sí genera empleo formal y sostenible? Yo la llamo asamblea confundegente, desde que reporté su probable fracaso en el referéndum chileno.

La intención de mentir en la propuesta de adelanto de elecciones con consulta sobre asamblea constituyente se nota en la fecha propuesta: julio. Técnicamente imposible, pero útil para hacer demagogia. Quienes votaron a favor no tienen problema en mentirle a la población sobre una posible fecha de elecciones, ¿por qué tendrían que ser sinceros respecto del resto de la propuesta? También omiten información relevante de la encuesta del IEP que usan para sustentar la supuesta necesidad de una asamblea constituyente. Si bien es cierto que en enero de este año 69% señaló en esa encuesta telefónica estar a favor de esa opción (hace unos meses el porcentaje era significativamente menor), la misma encuesta midió qué se quiere cambiar: 74% quiere servicio militar obligatorio (inconstitucional e inviable económicamente según Defensoría del Pueblo); 72% para instaurar pena de muerte por delitos muy graves (lo que implicaría retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos); 51% para que el Estado sea dueño de las principales empresas del país (que obligaría a indemnizaciones impagables y se prestaría a los mismos escándalos de corrupción y clientelaje que hemos visto en Petroperú en este y otros gobiernos), como las tres principales demandas. Se omite también que la mayoría se opone a derechos de la comunidad LGTBIQ (74% en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo) y de las organizaciones feministas (58% en contra de despenalizar el aborto en primeros meses de embarazo). Ese camino nos llevaría a una Constitución donde el Estado recorta libertades de personas, en todo ámbito de cosas, con graves retrocesos en temas que han defendido organizaciones de izquierda (en realidad son fundamentalmente liberales). ¿Cómo así quienes defendían derechos de mujeres y minorías sexuales y se oponían a la pena de muerte se prestan a un escenario conservador de derecha? Solo encuentro hipótesis bastante cínicas. La primera: como el fenómeno identitario puede funcionar, incluso con un gobierno tan malo como el de Pedro Castillo, al diablo los principios y sintonicemos con una izquierda conservadora: salvo el poder todo es ilusión y Groucho Marx como guía principista. La segunda es, perdonando la vulgaridad, la tesis de la puntita: primero coloquemos el tema, luego ya veremos. La tercera, complementaria a la anterior, una asamblea constituyente corporativista: al diablo la democracia y el principio de un ciudadano, un voto.

Entre los años 2000 y 2020, el Perú cuadruplicó el gasto público. Si no cerró brechas fue por mala gestión del Estado. Nos falta reforma del Estado y vigilancia ciudadana, no asamblea confundegente.