[OPINIÓN] Gabriel Ortiz de Zevallos: “El Pendejerú nos está comiendo por no ponernos de acuerdo”

Si queremos que el Perú no siga descendiendo hasta el último círculo del infierno, tenemos que aprender a confiar y resolver discrepancias entre gente seria y bien intencionada, aun cuando tengamos posiciones muy distintas respecto a diversos temas. Los acuerdos entre gente que piensa distinto dependen de cuán conscientes son de lo que implica un no acuerdo.

Tuve la suerte de conversar hace poco con Carmen McEvoy, y dos ideas que discutimos me impactaron mucho: (1) es posible que la corrupción política y el Estado botín se perciban hoy como la manera más eficaz de movilización socioeconómica; y (2) no es tan fácil estar seguro de que se puede ganar la partida a todos los sectores ilegales (minería, tala, narcotráfico, trata de personas, crimen organizado). Ambas ideas se agravan luego del asesinato del candidato Villavicencio en Ecuador.

Hoy vemos escándalos de corrupción en todos lados. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, infectado de garrapatas que succionan sangre sin vergüenza alguna. Pero esta abundancia de garrapatas implica decisiones individuales de corromperse y correr los riesgos. Cada corrupto hace su evaluación costo-beneficio. Los estudios realizados sobre el tema consistentemente señalan que, a pesar de que es señalado como un problema prioritario, la intolerancia a la corrupción es baja: 27% en 2019 (última fecha disponible), y se denuncia muy poco porque se cree que no sirve de nada. Ojalá eso esté cambiando, pero requeriría que la Fiscalía y el Poder Judicial terminen de hacer su trabajo en plazos razonables, castigando a corruptos y liberando a inocentes (creo firmemente en la inocencia de Alberto Pasco Font, por ejemplo). También requeriría cambiar y tecnificar todos los procesos de adquisiciones y contrataciones para que sean mucho más transparentes las decisiones antes y durante la adjudicación, y renovar personal de Contraloría que traba gestión honesta de funcionarios.

Aun así, casos como el del presidente del Congreso, votando y luego invocando una ley a su favor, y encima pidiendo confirmación por la Corte Suprema en medio del escándalo, con la tolerancia de la mayor parte de bancadas, mandan un claro mensaje: consigue poder y negocia impunidad.

Para adecentar la política se necesitan reformas políticas, constitucionales la mayoría (87 votos en dos legislaturas o 66 votos más referéndum). Para algunas (bicameralidad, reelección) es difícil conseguir 87 votos dos veces e imposible su aprobación por referéndum. Para otras (imposibilidad de postular a sentenciados por delitos graves, renovación por tercios), lo difícil puede ser conseguir 66 votos. La hipótesis de adelanto de elecciones se enfrenta con una pared: 91 congresistas ganan hoy más del doble de lo que ganaban antes de ser congresistas, la calle tendría que ser ingobernable.

En cuanto a la pelea contra las economías ilegales, el tema también es muy complejo. Todo el circuito: investigación policial, denuncia fiscal, jueces valientes y protegidos de amenazas, prisiones que funcionen e impidan que se siga cometiendo delitos desde prisión tiene que ser efectivo. Es una tarea titánica. Mirko Lauer comentaba en una de sus columnas que tal vez aquí no pasa lo de Ecuador porque no hay políticos que se enfrenten al narcotráfico en serio.

Los peruanos serios y bien intencionados tenemos muchísimo que perder si confundimos al enemigo, que no es quien piensa distinto, pero quiere que el país progrese de manera sostenible, se elimine la pobreza y se logre cada vez mejores niveles de vida. El enemigo son las economías ilegales y los aspirantes a corruptos, que son un montón, y tenemos que abocarnos a combatirlos. Las discusiones, si son de buena fe, se resuelven buscando evidencia y expertos, con visión pragmática sobre cómo resolver problemas, que es lo que los peruanos más pobres necesitan de las élites que discuten políticas públicas.