[Opinión] Gabriel Ortiz de Zevallos: “El hijo del ‘Chapo’ y su relevancia en Perú”

Veintinueve personas perdieron la vida este jueves en la segunda captura de Ovidio Guzmán, hijo del ‘Chapo’ Guzmán, que fuera capturado y liberado en 2019, dejando el saldo de 10 víctimas más. Y, según señaló el propio presidente López Obrador, “si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas inocentes perderían la vida en Culiacán y se tomó la decisión”, al admitir que él había tomado esa decisión, lo que no había reconocido inicialmente. Este jueves, las autoridades alentaron a la población a no salir de sus casas para no exponer sus vidas.

Lo que pasa en México es relevante para hacernos ver qué es lo que implica vivir en un Estado que no puede imponer el monopolio de la fuerza a actividades ilegales. Ayer se publicaron en Gestión los resultados de un estudio elaborado por Capital Humano y Social en cooperación con la Fundación Konrad Adenauer sobre las economías criminales y su impacto en el Perú: más de US$6,650 millones por año de ingresos genera la minería ilegal de oro (US$1,777 millones), trata de personas (US$1,300 millones), narcotráfico (US$1,134 millones), tala ilegal (US$880 millones), extorsión (US$530 millones), pesca ilegal (US$300 millones), contrabando (US$234 millones), piratería de software (US$209 millones) y tráfico de terrenos (US$143 millones). Estos montos pueden estar subestimados, según Luis Miguel Castilla, que considera que la minería ilegal de oro podría equipararse con la formal, entre US$8 y 10 mil millones.

La existencia de esa economía, bien calificada como criminal en esta publicación, hace que sea de simple deducción que tiene que buscar corromper al Estado y buscar infiltrarse en distintas entidades públicas, de cualquier gobierno. Hasta hace pocos años, eso venía ocurriendo en las zonas donde operan y de manera solapada en distintas entidades y grupos políticos. Eso cambió desde la campaña y posterior gobierno de Castillo, en que el congresista Guillermo Bermejo movilizó al Vraem con la oferta de eliminar la erradicación forzosa y ampliar el padrón de cocaleros, según consta en videos.

Estudios de Devida demuestran que más del 90% de la producción de coca de 2019 se destinó al narcotráfico. Es deducción lógica que la hoja de coca que no se usa de manera tradicional o industrial rápidamente transforma al campesino en productor de pasta básica, porque lo que se necesita para pasar ese escalón es una poza de maceración y químicos, y que el campesino se involucre en ello tiene claras ventajas para el narcotraficante: aumenta el valor unitario, reduce el costo de traslado y da una base social para poder movilizar políticamente en su beneficio. Pasa en el Vraem y ya ha pasado en otros países de la región, algunos de los cuales no admiten el golpe de Castillo, aunque su video sea casi calco y copia del de Fujimori.

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De hecho, Evo Morales empezó deportando a la DEA de Bolivia y existen sospechas de cuál es su nivel de vinculación con el narcotráfico. Evo Morales visitó varias veces el Perú para los congresos de Perú Libre y el partido que buscaba formar Castillo, y se animó a anunciar una reunión de Runasur en Cusco, que fue suspendida luego de la lamentable entrevista que Castillo dio a CNN y los problemas que ello le trajo. Recién ahora se ha cambiado a la embajadora de Perú en Bolivia.

Si algo demuestra el gobierno de Castillo, es que el rasgo identitario puede tener un potencial político importante, aún en las peores manos. Ello parece que genera en algunos la disposición de empapelar en discursos de izquierda al narcotráfico, que es el capitalismo en su versión más mafiosa y criminal posible. Lo que pasó el jueves en México es una alerta.

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