[OPINIÓN] Gabriel Ortiz de Zevallos: Demasiadas mujeres

En los últimos meses, he tenido conocimiento directo y personal de tres casos graves de violencia de género y he sido testigo de cuán difícil es para las víctimas conseguir el apoyo que el Estado debería dar de inmediato. Lo que vemos en las noticias y nos indigna es mucho más frecuente y está más cerca de lo que uno cree. Los casos de los que hablo son bien graves: muerte por golpiza, dejando a un niño pequeño huérfano; violación de una menor de edad por un vecino mayor de edad; golpiza y amenaza de muerte.

En estos casos que he conocido el Estado funciona lento y se necesita de buscar contactos para lograr la celeridad necesaria para proteger a las víctimas y sus familias. Si se quiere asesoría legal especializada, los honorarios que se plantean son altos, he escuchado propuestas desde los seis mil soles hasta los cinco mil dólares. Al consultar con amigos abogados sobre estos montos, me señalan que los procesos son largos y complejos, y que no les sorprendía. Para todas las víctimas, mujeres de pocos ingresos, eran absolutamente impagables.

Yo he vivido que mataran a mi esposa en un asalto, pero con una red de soporte familiar y de amigos inmejorable. No me puedo imaginar la tortura que debe ser vivir el dolor y la pérdida, mientras se lucha contra burócratas indolentes para obtener lo que uno necesita y merece, en momentos tan difíciles. ¿Qué puede sentir un familiar de una niña violada si su denuncia no pasa a Fiscalía porque el policía que tomó la declaración no está y se va a demorar dos días en regresar? Ojo: ¡el policía sabe que la niña tiene al violador por vecino! Un familiar consigue su celular después de insistir hasta el cansancio en la comisaría, pero cuando lo llama le responden con displicencia que no moleste hasta el día en que debe volver a la comisaría. ¿Cuánta rabia se acumula? ¿Cuánta gente vive experiencias similares? ¿Cómo conseguimos que los funcionarios se esfuercen por cumplir su obligación con los ciudadanos? Sin duda, hay funcionarios buenos en toda institución, pero de lo que se trata es de tener un sistema que garantice de manera regular buenos resultados en plazos razonables para la situación que se enfrenta.

Con la cantidad de casos de violencia de género que hay en Perú, el sistema íntegro debería ser revisado y medido con indicadores que registren la calidad y rapidez de la atención brindada. Todas las instituciones que participan: Policía, Fiscalía, Poder Judicial, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud, Migraciones, etcétera, deberían estar interconectadas y el seguimiento de los casos debería poder hacerse por web y app.

Lo que el Estado ofrece es claramente insuficiente: 6 centros de atención institucional en 5 regiones del país, para supuestamente cesar conductas violentas de varones, reeducando creencias y percepciones sobre las mujeres. ¿Habrá evidencia de impacto? Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) son 245 regulares y 185 en comisarías, los primeros atienden de 8 a.m. a 4:15 p.m., el resto supuestamente las 24 horas. En zonas rurales hay 62 equipos que se distribuyen en 48 provincias de 23 regiones. Los Servicios de Atención Urgente (SAU) son apenas 8, en igual número de regiones. Y solo hay 23 hogares de refugio temporal en 18 regiones del país. La línea 100 y el chat 100 brindan consejería, no sé con qué eficacia.

En las experiencias que he conocido, estos sistemas ayudan, pero requieren que uno persiga a los funcionarios y sus superiores para que tengan la diligencia debida. Hasta que no haya un sistema mejor armado y monitoreado, solo los casos mediáticos o cuyas víctimas tengan suerte o conocidos que las ayuden a que el Estado haga lo suyo podrán paliar el viacrucis que se inicia con un acto violento, pero del que tomará mucho tiempo y esfuerzo salir bien librado.

Debería forjarse una alianza de ciudadanos que quieran ayudar en estos casos, porque son demasiadas mujeres las que lo necesitan, y el Estado en esto también es kafkiano.