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[OPINIÓN] Gabriel Ortiz de Zevallos: “Batalla comunicacional en rojo”
“Desde una óptica de agudizar contradicciones, nada puede anidar más hondo que el sentimiento de discriminación aunado al dolor y el duelo”.
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Panorama probó en su última edición que los ex primeros ministros Betssy Chávez y Aníbal Torres fueron partícipes del video del autogolpe de Castillo, lo que se especulaba desde el inicio, pero era negado por ambos. Torres incluso parece haber perpetrado la entrevista supuestamente respondida por el expresidente para que exista un testimonio que lo exculpe. Argumentarán presunción de inocencia hasta el último recurso judicial o su asilo en algún lado, pero los videos y demás pistas están ahí. Surgen preguntas que vale la pena mantener presentes en el análisis de la situación política.
¿Es posible creer que Chávez o Torres no supieran que la única manera de salir bien de un autogolpe era una reacción internacional y nacional que lo respaldara? Castillo es más aventado y oportunista que estratega; su inmolación ante CNN lo demuestra. ¿Son Chávez y Torres personas que saltarían a un vacío político y constitucional así sin preguntarse cómo tendría capacidad de éxito el plan en el que activamente se involucraron? ¿Qué hicieron ellos y quiénes los respaldaron en este camino? Es difícil pensar que ellos, en su condición de ministros particularmente propensos a la confrontación, primero, y luego como primeros ministros y asesor, en un enroque nuevamente confrontador, no hubiesen dedicado algún tiempo a pensar cómo responder si había un escenario de vacancia, y se abría la posibilidad de la sucesión a Boluarte.
Las encuestas señalan que una gran proporción de peruanos considera que Castillo fue víctima y no autor de golpe. En comunicaciones, la percepción es la realidad con la que hay que trabajar y, por mucho que los videos de Pedro Castillo y Alberto Fujimori se parezcan como gotas de agua, si la mayoría de peruanos cree esa falsedad, es la realidad con la que se debe partir. ¿Cómo puede haberse extendido esa creencia tanto? La mayoría de la gente tiene asco de la política y no conoce la Constitución, por lo que no tiene por qué saber que disolver sin base legal el Congreso (que siempre ha resultado popular) y reorganizar todo el sistema de administración de justicia equivale a concentrar el poder en solo una persona, y eso es golpe, aquí y en la Cochinchina.
Diversas encuestas han mostrado el desapego de los ciudadanos con la política, la democracia y muchas instituciones, y partidos políticos, Congreso y sistema judicial están normalmente entre los más desacreditados. En provincias, además, no es infrecuente que jueces, fiscales y policías generen desconfianza. Hay más lupas en Lima, y aún así se perpetran arbitrariedades. Si a un ciudadano de los que le asquea la política y desconfía de todos se le da a escoger entre Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial y Fiscalía, probablemente prefiera el primero, porque al menos lo elige y lo ve hacer cosas, aunque no crea en ninguno. Su idea de quién hizo golpe a quién probablemente tenga más que ver con quién encerró a quién.
Además de las antipatías y prejuicios hacia los involucrados, y de la incapacidad para entender al detalle el contenido de la afirmación, la extensión de esa falsa creencia posiblemente haya usado las redes de comunicación que le fueron útiles a Castillo en su campaña, incluidos los medios de provincias, muchos de ellos en Facebook, además de cadenas de WhatsApp. El mensaje, además, arraigaba emocionalmente con el sentimiento de exclusión histórico que le sirvió como factor identitario para tener niveles de popularidad no menores en niveles socioeconómicos pobres, el sur del país y las zonas rurales.
En ese contexto de percepciones muy gruesas y sentimientos arraigados de exclusión, los excesos en la represión de las protestas sociales están dividiendo aún más a los peruanos, y siendo aprovechados para reiterar una narrativa de exclusión. Desde una óptica de agudizar contradicciones, nada puede anidar más hondo que el sentimiento de discriminación aunado al dolor y el duelo por un ser querido. Además de la exigencia moral de investigar en serio esas muertes, simplemente porque es un deber del Estado, existe el plano adicional de que nada puede generar mejores condiciones para un discurso contra el orden establecido que muertes injustas y no investigadas en zonas del país que se identifican como rezagadas, aún si es que las cifras puedan demostrar que dicho atraso no tiene que ver con el modelo económico sino con la incapacidad de gobiernos regionales y locales de hacer buen uso de los recursos que generó el crecimiento. Crear heridas más hondas, en un país que las tiene históricamente, puede ser muy riesgoso.
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