[Opinión] Gabriel Amaro: La suma de todas las crisis

Fecha Actualización

31/10/2022 - 07:10

Por Gabriel Amaro, director ejecutivo de AGAP

Hoy estamos viviendo varias crisis, algunas derivadas del COVID-19, de la guerra Rusia-Ucrania, el aumento de fletes marítimos y fertilizantes, entre otras, que aterrizaron finalmente en la crisis alimentaria y económica global. En el Perú, esta situación se agrava por la crisis política, económica y social, que se manifiesta en un deterioro institucional por las denuncias de corrupción y la ineficiencia en conducir el país al crecimiento y desarrollo, lo que viene afectando a todos los ciudadanos y sectores económicos, pero principalmente al agrario.

Una buena forma de medir los resultados del sector agroexportador es con cifras del primer semestre de 2022 vs. 2021 del subsector que más impulso le ha dado al crecimiento en los últimos 20 años: el de frutas y hortalizas frescas. En total, se envió 1.12% menos de toneladas en el primer semestre y para mencionar algunos cultivos que decrecieron en exportaciones (en USD FOB): palta Hass (-16%), mango (-9%), banano orgánico (-16%), cebolla (-24%), espárrago (-5%).

Esta situación –que puede ser peor– es producto de las crisis, pero, además, lo es de haber perdido el rumbo como país en una política pública promotora y adecuada para que el agro mantenga su crecimiento y competitividad. Perú demostró que con políticas adecuadas el país crece, generando empleo y riqueza, como sucedió con la Ley de Promoción Agraria (N° 27360), hoy derogada por populismo y deficiencia gubernamental, y un trabajo público-privado desarrollado por décadas. Lamentablemente, se vienen deteriorando las condiciones para invertir en agricultura pese a los esfuerzos de los productores de todo tamaño.

Hemos tenido seis ministros de agricultura en 14 meses de gobierno. Así es imposible que se dé sostenibilidad y certidumbre al agro. No solo se afecta a las empresas, sino también al pequeño productor familiar. Como muestra: ya son cuatro procesos de compra de urea fallidos por cuestionamientos de la Contraloría, lo que afecta al pequeño agricultor (más de 2 millones de familias) y a los consumidores, que verán menos productos en los mercados y con precios más elevados.

Este deterioro institucional, que debe preocuparnos, nos ha llevado a sumergirnos en una crisis e incertidumbre que ha paralizado las inversiones. Un sector económico sin nuevas inversiones solo acelerará su deterioro año a año y se perderá empleo formal. La incertidumbre que se vive en el sector por medidas como los cambios en la ley de tercerización, iniciativas de limitación de la propiedad de la tierra, insistir en un cambio constitucional o la corrupción son catalizadores de la crisis interna.

La continuidad de estas medidas contradice el discurso del Ejecutivo, que ha afirmado promover las inversiones. Por el contrario, hace que desaprovechemos el potencial de crecimiento del sector. En el caso de la Ley de Promoción Agraria, hasta antes de su derogatoria –a fines de 2020– se tenía previsto que en cinco años se iban a invertir en 30,000 nuevas hectáreas de cultivo, pero todo se frenó y muchas inversiones están migrando a países vecinos con mejores marcos regulatorios. Así, en lugar de alentarlas, este tipo de medidas solo desincentivan las inversiones.

Ante este panorama, es prioritario que el Ejecutivo y el Congreso tomen acciones con urgencia y sean conscientes de la situación del agro como remediar las malas decisiones, ampliar mercados, mejorar la regulación es vital para retomar el camino de crecimiento. De no hacerlo, se afectará a toda la cadena productiva agraria, entre ellos a los pequeños y medianos productores, y también a la ciudadanía, que ya sufre un encarecimiento de los productos.

La agricultura no se puede manejar con ideologías o populismo. Desde el sector privado, además de estar dispuestos a sacar al país adelante, tenemos claro qué se debe hacer para continuar por la senda del crecimiento del sector agroexportador y la inclusión de la pequeña agricultura. La pregunta es si el Estado está dispuesto a hacerlo por el bien del agro, del país y los ciudadanos. Dejo aquí esta que es la gran interrogante.

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