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[Opinión] Felipe Morris: Reforma previsional, seamos prácticos
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Es evidente que necesitamos hacer ajustes en nuestro sistema previsional, lo que es muy difícil de lograr tras varios intentos fallidos en los últimos años. Lo que es peor, distintas leyes aprobadas en años recientes han debilitado nuestro Sistema Privado de Pensiones (SPP) al permitir que la gente se lleve su dinero cuando se jubile en vez de comprar una pensión de por vida (la llamada ley 95.5) y autorizando seis retiros de fondos que han disminuido fuertemente el ahorro previsional, reduciéndolo a casi el 60% del monto inicial. Si tiene éxito la propuesta en el Congreso de un nuevo retiro de fondos, será aún más difícil una reforma coherente y resultará en pensiones miserables para muchos; o mayores impuestos o déficits fiscales. Hace unos días se aprobó un nuevo bono de reconocimiento que posibilitaría un traslado masivo de afiliados de la ONP al SPP, no porque les guste más las AFP, sino para tratar de beneficiarse de posibles futuros retiros o para llevarse su fondo en la jubilación. Esto tendrá un fuerte costo fiscal, desfinanciará a la ONP y dejará más personas sin pensión cuando se jubilen.
Hay distintas propuestas de reforma previsional que se están trabajando, lamentablemente de manera desintegrada, por el sector privado, por el Ejecutivo y por dos comisiones en el Congreso, varias sin considerar las recomendaciones de los especialistas y sin tener en cuenta los costos fiscales y sociales de muchas propuestas. Difícil pensar que se aprobará una reforma coherente. El envejecimiento poblacional y la insuficiencia del ahorro previsional requieren que se haga ajustes, pero no una reforma integral que será muy difícil consensuar sin caer en inconsistencias.
Deberíamos concentrarnos en los cuatro principales problemas que tenemos: (i) las bajas pensiones en la jubilación al no existir una pensión mínima para los jubilados de las AFP, que se resolvería garantizándola a los que aporten al menos 240 veces durante su vida laboral; (ii) la falta de pensión al jubilarse como resultado de la ley 95.5, lo que se corregiría devolviendo el propósito previsional del ahorro, requiriendo a los que se jubilen con fondos suficientes comprar una renta vitalicia que al menos cubra un sueldo mínimo; (iii) los altos costos de administración que se reducirían ampliando el tipo de instituciones que pueden administrar dichos fondos y unificando su back-office; y (iv) la baja cobertura porque muchas personas no contribuyen a ninguno de los dos sistemas, que se mitigaría con incentivos para aumentar los aportes y obligando a los independientes a aportar.
Podemos enfrentar estos cuatro problemas sin necesidad de una reforma integral, que puede esperar a mejores tiempos.
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