[OPINIÓN] Felipe Morris: No olvidemos de socializar las pérdidas de Petroperú, es lo equitativo

En las últimas semanas, con el cambio de los ministros de Economía y Energía han vuelto a ponerse en vitrina los problemas de Petroperú. Desde julio de 2022 he escrito tres artículos sobre la empresa, en los dos primeros puse en duda su capacidad de servir sus deudas y en el último indiqué que había llegado al punto de no retorno. Es evidente que con el paso del tiempo sus problemas de liquidez y solvencia se han exacerbado, aunque debido a la poca transparencia de sus administradores es difícil conocer la magnitud real de sus pérdidas y desbalance patrimonial. Se requiere un cambio de gobernanza que se parece al viaje del niño Goyito que nunca llega. Lo único claro es que de mantenerse el statu quo las pérdidas seguirán aumentando, aunque la empresa diga lo contrario.

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Las quiebras y la insolvencia son realidades que enfrentan algunas empresas. Es más complicado cuando se trata de una empresa pública como Petroperú, ya que nadie quiere reconocer el hecho y, como el dueño es el Estado, intentan que este le siga inyectando fondos sin mayores cambios, asumiendo la totalidad del costo. Sin embargo, lo equitativo y justo cuando una empresa se encuentra en situación de insolvencia o quiebra es socializar las pérdidas entre las partes involucradas que en este caso incluyen a su único accionista el Gobierno peruano, a sus acreedores (bonistas, instituciones financieras y proveedores) y a sus empleados. Esta socialización de pérdidas debe hacerse cumpliendo las normativas legales para garantizar la transparencia y la equidad del proceso. El Gobierno debe evitar cargar con toda la deuda de Petroperú, particularmente porque una parte importante de esta no fue garantizada explícitamente por el Estado. Por ello es importante que participen los acreedores en la reestructuración de la empresa y asuman su responsabilidad. Igual en el caso de los empleados que tienen que aceptar los ajustes requeridos. A través de estos acuerdos se busca que la empresa pueda pagar sus deudas de forma realista y evite la liquidación total.

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A pesar de las declaraciones recientes de los ministros y la publicación de un decreto de urgencia anunciado para hoy, se aprecia poca claridad sobre una solución definitiva para la empresa y sobre las distintas acciones que tendrán que tomar incluyendo renegociación de deudas, ventas de activos, acuerdos de acreedores, y restructuración institucional para reducir costos, entre otras. Sería bueno que eviten hacer más declaraciones hasta tener una idea clara de la real situación financiera de la empresa, tengan definido quienes serán los nuevos directores y gerentes; y hayan contratado a un buen equipo de asesores legales y financieros especializados en gestión de insolvencia que los ayude a preparar una propuesta que asegure un proceso ordenado y justo de restructuración que socialice las pérdidas, evitando que el Estado las asuma en su totalidad y los contribuyentes terminemos cargando con el muerto. Esperemos que el nuevo decreto de urgencia no trabe esta socialización.

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