Presidencia precaria la del bicentenario

“Una de las propuestas de este grupo de expertos, raudamente descartada por nuestra representación congresal, fue que la elección de congresistas sea en segunda vuelta”.
Foto: STR / AFP

@CamilaBozzo1

Si hay algo que nos legó Vizcarra luego de una de sus tantas pantomimas de lucha anticorrupción es el paquete de recomendaciones de la Comisión para la Reforma Política. Una de las propuestas de este grupo de expertos, raudamente descartada por nuestra representación congresal, fue que la elección de congresistas sea en segunda vuelta. El objetivo era promover que los dos partidos más votados tengan mayor representación, desincentivar la fragmentación y procurar un mínimo de gobernabilidad.

Y es que el desencanto hacia los partidos y la clase política se traduce en nuestra forma de votar: elegimos a personas antes que a partidos y votamos para evitar el mal menor antes que por convicción. Las encuestas lo confirman: la intención de voto está fragmentada entre múltiples candidatos (a la presidencia y al Congreso) y el 50% (Datum) dice que votará diferente para presidente y Congreso (voto cruzado).

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Así las cosas, es claro que el próximo presidente no tendrá una bancada mayoritaria que lo ayude a gobernar. Incluso si Lescano, puntero en las encuestas, llega a ser electo y Acción Popular se convierte en la primera minoría congresal, nada garantiza que tenga control sobre un partido que ha demostrado estar dividido en facciones, carecer de identidad y de una línea programática clara.

Si a esto le sumamos que la gran mayoría de partidos que votaron por la vacancia de Vizcarra, y algunos otros que promovieron intentonas para vacar a Sagasti, estarán representados en el siguiente Congreso, el escenario es una invitación al desasosiego. ¿Qué nos garantiza que pondrán sus intereses subalternos en el congelador por los próximos años? Nada. Menos ahora que la vacancia por incapacidad moral se ha convertido en moneda común.

Será necesario que quien sea electo presidente promueva un acuerdo con las principales fuerzas políticas para trabajar en base a unos mínimos principios de convivencia. Los ciudadanos debemos exigirlo.

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