La audiencia nacional está a la expectativa del megajuicio que se ha iniciado en contra de Keiko Fujimori, como presunta líder de una organización criminal que se ha enquistado en el poder para instrumentalizar instituciones como el Congreso y torcer la democracia a través del financiamiento ilegal que habría recibido para las últimas campañas políticas en las que participó y llegó hasta la segunda vuelta.
La lista de pruebas interminables que ha presentado el fiscal José Domingo Pérez es información contundente y sobre todo esclarecedora para entender cómo se manipula la democracia en el país, con un ruleteo millonario de dineros de procedencia ilegal y que para blanquearlo —el eufemismo de un caso de lavado de activos— se ha utilizado una serie de artimañas, de supuestos donantes, cocteles y aportantes fantasmas, que, por cierto, ya han confesado y se han acogido a la colaboración eficaz y otros a la confesión sincera, reconociendo los delitos cometidos.
Pueden cuestionar todo lo que quieran al fiscal Domingo Pérez, pero en la presentación que ha hecho de las pruebas y la estructura de su tesis fiscal, demuestra un orden, cronología y veracidad de diferentes hechos que ahora podemos corroborar y que además en su momento fueron parte de sendos reportajes periodísticos que mostraban ya la falta de escrúpulos del clan Fujimori y su partido Fuerza Popular, organización de fachada para cometer todos estos ilícitos.
Se entiende ahora por qué en el Congreso se desesperaban en aprobar la ley que declara a los partidos políticos exentos de sanciones o que se les consigne como una organización criminal. El fujimorismo y sus socios ocasionales del cerronismo tienen mucha ropa tendida. Lo bueno es que una vez más se corrobora que el fujimorismo, en este caso Fuerza Popular, es una organización heredera del legado criminal de Alberto Fujimori, condenado por delitos de corrupción y de lesa humanidad, como lo expresó el fiscal Domingo Pérez en la sustentación de su acusación.
Con razón detestan al fiscal y le han inventado una serie de agravios y difamaciones, en realidad así actúan las mafias y por eso el Estado, nuestra sociedad, tiene la obligación de protegerlo porque debe estar en la mira de los mafiosos. Basta ver todos los improperios que recibe en redes sociales y el argumento más risible que tienen es acusarlo de terrorista, un sinsentido y evidente ataque lumpen de las mafias.