(Foto: @photo.gec)
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En su última encuesta, el IEP evalúa las posturas de la población ante la eventual convocatoria a una Asamblea Constituyente. El 47% dice estar de acuerdo y el 49% en desacuerdo.

Ante la pregunta de qué sería más conveniente para el país, el 49% dice que solo deberían hacerse algunos cambios a la actual Constitución, mientras que el 17% cree que ninguno y solo el 31% considera que debería redactarse una nueva Constitución (ocho puntos más con respecto a julio del año pasado).

Pareciera que existen expectativas crecientes en un sector de la población (sobre todo en zonas rurales y en niveles socioeconómicos D y E) con respecto a los cambios concretos que una nueva Constitución puede generar. Esto se entiende un poco mejor si leemos la pregunta de la encuesta sobre quiénes han leído la Constitución: solo el 4% la ha leído toda.

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A pesar de que la cruzada asambleísta emprendida por este Gobierno, como coartada para despercudirse de su responsabilidad en la crisis generalizada, podría explicar en parte este ligero aumento de expectativas, lo cierto es que difícilmente esta iniciativa prosperará. Por ahora, la convocatoria a una Constituyente resulta inviable: el Gobierno está profundamente deslegitimado, la correlación de fuerzas en el Congreso no lo favorece y cualquier opción para convocar a un referéndum sobre la redacción de una nueva Constitución, sin pasar por el Congreso, ha sido bloqueada a través de una ley aprobada recientemente.

Esto no quiere decir que el riesgo de una Constituyente ya no exista. No puede descartarse que en el largo plazo esta idea comience a calar en la ciudadanía y que lleguemos a un proceso constituyente que ponga en peligro las libertades económicas y políticas que sostienen nuestra precaria democracia.

A la larga, la mejor manera de neutralizar el ímpetu constituyente pasa por mejorar los servicios públicos y acercarlos al ciudadano para cerrar las brechas. ¿Estará nuestra clase política a la altura?

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