Después de asistir a la masacre a la que el propio presidente Castillo se autosometió al aceptar una entrevista con Fernando del Rincón en CNN, hemos podido constatar que el encargo le queda abrumadoramente grande y que este gobierno no tiene norte ni visión de país, que no tiene siquiera un partido que lo respalde (en la primera entrevista en CNN el presidente dijo, entre líneas, que Perú Libre fungió como un vehículo para hacerlo llegar a la Presidencia y que no tiene influencia sobre el gobierno), algo que es natural en cualquier democracia con instituciones sólidas. Ante tan desolador panorama es legítimo que nos preguntemos cómo hemos llegado hasta aquí.
El ascenso de Castillo al poder es atribuible, en gran parte, a la aguda crisis de partidos que nos aqueja. En un sistema atrofiado como el nuestro, en el que abundan los vientres de alquiler que catapultan en el poder a personajes improvisados, no es descabellado que alguien como el actual presidente llegue a Palacio. De hecho, Castillo se inscribió en Perú Libre unos meses antes de la primera vuelta, luego de que el partido lo buscara porque su secretario general, Vladimir Cerrón, no podía postular por un impedimento legal. Así como Perú Libre, gran parte de los partidos son plataformas oportunistas que no tienen una visión de país, que no fomentan la formación de cuadros políticos ni la competencia entre sus miembros y menos un vínculo con ellos, y cuyo móvil principal es, más bien, buscar una cuota de poder.
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En el Congreso la situación es similar, la mayoría de partidos reciclan a candidatos de otras agrupaciones con los que no forman un vínculo sólido. Esto genera que muchos de ellos terminen adoptando sus propias posturas y que algunos incluso rompan con la agrupación, promoviendo con ello la fragmentación. A pesar de se han aprobado algunas de las propuestas de reforma política (financiamiento, impedimentos para postular, cambios en la inscripción), estos cambios solo tendrán un efecto marginal si es que no se da una renovación de la clase política y si es que los ciudadanos no se comprometen a vigilar y a exigir compromisos a los partidos.