[OPINIÓN] Ana Jara: “Vacancia a quienes no gasten en prevención de desastres”

¿Quién le pone el cascabel al gato? Cómo es posible que nuestras autoridades, sobre todo gobernadores regionales y alcaldes —a sabiendas de que con o sin Fenómeno de El Niño, durante el verano las regiones costeras del norte y centro del país reciben copiosas lluvias de estación que terminan por colapsar, por lo general, el alcantarillado de sus ciudades producto de las inundaciones—, no inviertan en obras de drenaje pluvial de gran escala que permita la rápida evacuación de las aguas de lluvia. En lugar de eso solo se limitan a hacer obras de menor envergadura y a adquirir maquinarias en número insuficiente para las labores preventivas y reactivas, a las que ni siquiera se dignan a darle mantenimiento; quieren que todo lo haga “papá gobierno”.

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Ayer por la mañana, escuché decir a la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, por RPP, que las maquinarias de Ayabaca, en Piura, donde la naturaleza azota, fueron retiradas ante el incumplimiento del convenio celebrado con su alcalde de darles mantenimiento, pese a ser advertido en varias oportunidades. Agregó que dichas máquinas se han destinado a la atención de emergencias en otros lugares en tanto el ministerio logra que la autoridad edil les dé el respectivo mantenimiento lo antes posible.

¿Perdón? ¿Es que hay que verles las caras a quienes postularon a cargo popular conociendo la realidad de sus distritos, provincias y regiones, sus necesidades y de cómo el cambio climático afecta sin piedad sus poblaciones e infraestructura?

¿Qué hacer? Por ahora apoyar con todo a las autoridades subnacionales a enfrentar y salir de estas emergencias y las plagas que de forma subsiguiente se presentarán, pero, en paralelo o pasado el estado de necesidad, impulsar una ley desde el Ejecutivo —que puede ser en alianza con el Congreso, ellos saben bien de esto—, que establezca como causal de vacancia de las autoridades electas con voto popular la no ejecución en su totalidad, o en cifras cercanas a esta, del presupuesto asignado para “Prevención de Riesgos por Desastres Naturales”. Asimismo, inhabilitarlos para ejercer cargo público o contratar con el Estado, esto último propuesto y sustentado ya por la Contraloría General, en junio de 2023, en el Congreso.

Urge privilegiar el salvaguardar vidas humanas y proteger la infraestructura pública y privada que sale de nuestros impuestos y del trabajo de los peruanos, respectivamente. Con autoridades negligentes o incapaces, seguiremos lamentando nuestra suerte. Gobierno y Congreso, ¡es ahora que deben jugar en pared y ponerle el cascabel al gato!

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