[OPINIÓN] Ana Jara: ¡A la cana y que sean inhabilitados de por vida!

La corrupción en el Perú es de los crímenes más detestables que tiene un costo alto para el Estado, atenta contra su economía y contamina la democracia, pero es más abominable aún cuando compromete vidas humanas, como el caso de la putrefacción descubierta con el manejo de determinados proyectos de inversión de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, por encargo de autoridades locales, entidad que como sabemos fue creada para reconstruir las zonas afectadas por el fenómeno de El Niño de 2017 y hacer labores de prevención; esta criminalidad debe sancionarse drásticamente por nuestra justicia, yo estimaría con la máxima pena de prisión efectiva si no es la cadena perpetua.

Si bien actualmente la Ley 31288 sanciona administrativamente hasta con la inhabilitación en el sector público de hasta cinco años a las autoridades que incumplan sus funciones en caso de emergencia o no ejecuten diligentemente su presupuesto para tal fin, lo idóneo es que, entre tanto reciban sentencia penal condenatoria y quede ejecutoriada, sean también inhabilitados para postular a cargos de elección popular de por vida. Es una tarea para el Congreso, aunque muchos de sus miembros prefieran no comprarse el pleito.

No hay derecho de que se lucre delictivamente con presupuesto destinado a emergencias o gestión de riesgos por desastres naturales. Todos los funcionarios involucrados en la cadena de decisiones, desde quien designa a tales autoridades, deben responder por su papel en lo que pinta en la práctica, una organización criminal que atenta contra los derechos humanos de los más vulnerables y la administración pública.

Todo esto nos trae a colación que la alerta de El Niño Costero se mantiene vigente según el ENFEN, ente que monitorea el Fenómeno de El Niño en el Perú. Y la sola posibilidad de que este sea de igual o mayor magnitud que el de 2017 nos hace temer lo peor; hablo de pérdidas humanas y materiales; no se evidencian avances palpables en materia de prevención estando ad portas del mes de septiembre donde se esperaría el arribo de las aguas cálidas de las ondas Kelvin. Y es que, hay que admitirlo, pese a la existencia de la política nacional de gestión del riesgo de desastres de obligatorio cumplimiento, así por lo menos reza el artículo 1 de su aprobación vía Decreto Supremo N.° 111-2012-PCM, próxima a cumplir once años desde su dación, aún no hemos internalizado una cultura de prevención en esta materia, donde juegan un papel primordial el Ministerio de Educación y los medios de comunicación. Los estragos de cada desgracia por efecto de la naturaleza nos enrostran la ineficaz articulación de acciones entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Sí que estamos premiados con nuestras autoridades, salvo excepciones; si no es corrupción, es negligencia en la gestión.

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