(Foto: El Comercio)
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El participar de las idas y vueltas de la reforma política en los últimos años me ha dejado dos conclusiones muy claras. La primera es que, al igual que con el resto de proyectos legislativos, el producto final muchas veces no abarca todo lo que uno quisiera. La política consiste, al final de cuentas, en consensuar posiciones, siempre con el compromiso de lograr avances que urgen en el país. Quienes buscan el momento ideal para lograr las reformas completas, que sean tal como ellos las planean, tarde o temprano se darán cuenta de que tal momento no existe.

La otra conclusión, más evidente aún, es que cada año –y hasta cada mes– que pasa sin que se concreten los puntos más urgentes de la reforma política, la estabilidad del Perú se resquebraja más. Lo venimos sufriendo una y otra vez. La gobernabilidad que sostiene nuestra democracia se ha debilitado a niveles alarmantes y ya ha tenido al país al borde del abismo.

Por supuesto, las reformas constitucionales no cambian automáticamente la calidad de nuestros representantes, ese es un trabajo más largo. Pero sí mejoran las reglas del juego. Potencian los filtros para aumentar la calidad del ejercicio político, y fortalecen los frenos y contrapesos que garantizan el equilibrio entre los poderes del Estado, algo ya casi perdido.

Por eso, en este momento de incertidumbre por lo que vendrá a partir de julio y la gran probabilidad de que la crisis política se extienda al próximo periodo, este Congreso ha tomado la acertada decisión de avanzar en la reforma más urgente: el retorno a un Congreso bicameral.

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No voy a profundizar en los beneficios ya resaltados anteriormente de la bicameralidad. Está claro que un Parlamento de dos cámaras va a mejorar la decaída calidad de la producción legislativa, añadiendo un nuevo paso de revisión.

Prefiero en esta ocasión centrarme en el aspecto más urgente de esta reforma: su aporte a la estabilidad del país. Estamos atravesando un panorama muy polarizado de cara a la segunda vuelta. La profundización de la crisis política en el próximo periodo es una posibilidad real que sería devastadora para nuestra democracia. Se habla incluso de la posible vacancia de quien gane la Presidencia o de la disolución del próximo Congreso, con una ligereza muy grave.

Aprobar la bicameralidad ahora puede ser el seguro de estabilidad que tanto se necesita ante esto. El dictamen aprobado por la Comisión de Constitución y que está listo para ser tratado en el Pleno fortalece los frenos y contrapesos constitucionales en la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, y dentro del propio Parlamento.

Por ejemplo, la vacancia presidencial sería más difícil de lograr, pues tendría que ser apoyada por dos tercios de los miembros de dos cámaras diferentes. Y, además, según lo plasmado en el dictamen, tendría que tener fundamentos más específicos. Del mismo modo, se plantean limitaciones en la disolución del Congreso por parte del Ejecutivo. Por ejemplo, a diferencia de la Cámara de Diputados, la de Senadores no podrá ser disuelta bajo ninguna circunstancia.

Entiendo que existe reticencia a la bicameralidad, por el resultado del referéndum de 2018. Pero este es un proyecto diferente, realizado por otro Congreso. Y, en más de un sentido, el país tampoco es el mismo de entonces. Hoy el Perú está urgido de una reforma como esta, que, más allá de los detalles, le brinde estabilidad política.

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