Michel Temer: "No renunciaré". (EFE)
Michel Temer: "No renunciaré". (EFE)

Brasil siempre es el paraíso de las empresas públicas. El gobierno federal posee 147 grandes empresas en los sectores financiero, petrolífero, energía y logística, y los estados poseen otras 135 más.

Esas empresas, llamadas públicas, son en realidad propiedad privada de los partidos políticos. Ellos se reparten los cargos directivos, las oportunidades de corrupción, y los puestos de trabajo para sus militantes y aliados.

Temer ha anunciado la privatización total o parcial de 57 de esas empresas. Su expectativa es captar unos 14 mil millones de dólares en los próximos dos años. En la lista están la Eletrobras, la Casa de la Moneda, 14 aeropuertos y 11 líneas de transmisión de energía. Este es el esfuerzo de privatización más importante desde que Fernando Henrique Cardoso privatizó las comunicaciones y minera Vale do Río Doce a fines de los 90.

Temer no es un liberal. La razón principal detrás de la venta de las empresas públicas es la crisis fiscal. Aunque la economía brasileña ha iniciado su reactivación, el déficit público es inmanejable. El déficit primario más el pago de los intereses de la deuda pública es del orden del 8% del PBI, y las proyecciones para los próximos años son aún mayores.

La privatización tiene un efecto moralizador reduciendo el parasitismo de los partidos y achicando la piscina de riqueza de la corrupción, pero es insuficiente para sanear las cuentas públicas. El problema principal es el déficit del sistema de pensiones que hoy es cerca del 2.5% del PBI y se ha incrementado en más del 50% entre 2015 y 2016. Sin una reforma del sistema de pensiones, la economía brasileña no tiene grandes perspectivas.

TAGS RELACIONADOS