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El 2018 es un año electoral en Brasil. En agosto se definirán los candidatos y en octubre se realizarán las elecciones a la presidencia y al Congreso.
En este contexto, se llevará a cabo en Porto Alegre un importante juicio. El Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4) decidirá sobre la condena a Lula da Silva y la sentencia de nueve años y seis meses de prisión dictada por el juez Sergio Moro en julio de 2017, bajo la acusación de recibir un departamento como coima de Odebrecht y OAS.
Si el TRF-4 confirma el fallo de Moro, Lula estará impedido de ser candidato y será enviado a prisión para cumplir su sentencia. Si el TRF-4 declara a Lula inocente, él podrá avanzar en su objetivo de volver a ser presidente de Brasil.
El 8vo. tribunal del TRF-4, conformado por tres jueces federales, tiene a su cargo el juicio. El relator, el juez Joao Gebran Neto, ya entregó su voto, en forma reservada, a los otros jueces. El 24 de enero el 8vo. tribunal emitirá su sentencia.
La sentencia de Moro sobre Lula es considerada un ejemplo académico de calidad y la tradición en el TRF-4 es confirmar o ampliar las sentencias dictadas por Moro. Sin embargo, este fallo afecta grandes intereses políticos y los partidarios de Lula están organizando manifestaciones en todo el país para presionar a los jueces del TRF-4.
¿Triunfará la presión de la maquinaria de Lula o prevalecerá la institucionalidad jurídica federal? Si prevalece la institucionalidad, el proceso de reformas seguirá avanzando; si los jueces ceden a las presiones, el populismo regresará y Brasil retrocederá. Pocas veces en la historia del país tres jueces han tenido responsabilidades tan grandes.
