La minería no formal en Perú es, más que un estudio, una historia triste. Basombrío, Valdés y Vera describen a un sector en el que confluyen tal cantidad de variables que, pese a esfuerzos, no ha sido posible formalizar (en caso de la minería artesanal) ni erradicar (en caso de la ilegal). Los autores llegan a la conclusión de que es casi imposible formalizar la minería artesanal porque hay factores estructurales que lo impiden, como la informalidad, la incapacidad del Estado para combatir la corrupción, y la falta de demanda de mano de obra en actividades formales.

La informalidad es transversal y el Estado no ha podido erradicarla: incapaz de fiscalizar un centro comercial en Lima, difícilmente llegará a lugares donde la minería se desarrolla. La economía formal es incapaz de generar suficiente empleo para captar la oferta de mano de obra.

Como ejemplo, los autores describen el operativo Mercurio en Madre de Dios: millones de dólares, cientos de horas y miles de efectivos. Resultado: las mujeres víctimas en prostíbulos no quisieron “ser rescatadas”; la maquinaria apareció en zonas aledañas y se continuó con la complicidad de autoridades corruptas en una “zona liberada”.

En la minería de socavón, junto con el contrabando de explosivos y la situación de cuasi esclavitud, la realidad no es mejor: las condiciones son duras y de alto riesgo. Los acuerdos con los propietarios de las concesiones no alcanzan para mantener a la familia y deben ser completados por actividades delictivas y la depredación de la selva es reemplazada por la contaminación de aguas de irrigación por pozas con cianuro. Un Estado, distraído en ocupar primeras planas, ha dejado de ocuparse de la violación diaria de DD.HH. en el país.

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