Avances. Recursos serán invertidos en el sistema de justicia. (Manuel Melgar/GEC)
Avances. Recursos serán invertidos en el sistema de justicia. (Manuel Melgar/GEC)

La noticia más chocante de la semana, incluso superando el caos de Las Bambas, fue la detención de Kuczynski, quien se enteró no por sus abogados, sino por la llamada de un reportero. La incredulidad de PPK fue evidente. Horas después lo llevaban detenido a la Prefectura.

Días antes, el presidente de Fuerabamba, instigador del bloqueo de carreteras, un delito consignado en el Código Penal, fue liberado y su vicepresidente, filmado atropellando policías y alardeando su estado de ebriedad, ni siquiera fue detenido.

Como es “clarísimo” que existe independencia de poderes, se concluye que es el Poder Judicial (JP) quien maneja el país y no necesariamente respetando las leyes, sino aplicándolas según el pedido de las masas.

Reapareció el método de la Inquisición donde el acusado era quien debía probar su inocencia y no los jueces la culpa. Ya no se arroja frutos podridos a quienes están en cepos, pero sí insultos en los medios y las redes sociales; se trata solo de un cambio de forma; en esencia, sin pruebas. Es la plebe quien decide quién es castigado y quién no.

La situación se hace más grave porque ese PJ ha sido incapaz de demostrar capacidad, probidad y compromiso con el bienestar del país: paraliza proyectos arbitrariamente, sometido a intereses particulares, rompe uno de los principios más importantes: la presunción de inocencia que, a su vez, resguarda el derecho fundamental a la libertad. Injusta es la prisión de Keiko; aberrante la de PPK.

¿Qué nos puede esperar al resto si no se requiere probar culpa, ni riesgo de fuga para encerrar a alguien? ¿Convertirnos en dirigentes campesinos para tener derecho a chantajear, agredir a la autoridad, secuestrar, impedir el libre tránsito y recibir a cambio la promesa de millones? Como para pensarlo al menos.

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