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La corrupción en la administración de Justicia
“La corrupción en el Perú es endémica y las instituciones están capturadas por grupos privilegiados. Es momento de limpiar el Estado”.
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El 16 de julio de 1992, el grupo terrorista Sendero Luminoso detonó dos coches bomba en la calle Tarata en Miraflores. Fallecieron 25 personas, 250 resultaron heridas, 17 desaparecieron, 8 bebés no pudieron nacer y más de 300 familias quedaron damnificadas. Sin embargo, la justicia peruana se tomó su tiempo y recién en enero de 2014 inició el proceso judicial. Por cierto, la administración de justicia es un pilar del Estado de derecho.
En marzo, dos de los acusados, Osmán Morote y Margot Liendo, fueron excarcelados por los vocales Lorenzo Ilave, Enma Benavides y Teófilo Salvador al considerar que había exceso de carcelería, negándose a ampliar la prisión preventiva por 12 meses más. Decisión sostenida por el ex presidente del PJ Duberlí Rodríguez.
El 11 de junio, Moisés Limaco, un tercer acusado, tomó un avión de Air France a París. ¿Por qué Limaco estaba en libertad? Porque la jueza Juana Caballero decidió no acoger el pedido de la Fiscalía Antiterrorismo y extender prisión preventiva. Limaco está hoy en Europa pese a tener orden de impedimento de salida del país.
¿Qué motivó a los jueces a dejar libres a quienes son acusados como los autores del atentado de Tarata? ¿Algún “hermanito” por ahí? ¿Cómo logra salir una persona por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez pese a tener impedimento de salida? ¿Quién fue el funcionario de Migración que lo permitió? ¿A cambio de qué? ¿Es que se le levantó el impedimento de salida o el funcionario del aeropuerto decidió sellar el pasaporte sin pasarlo por el sistema?
La corrupción es uno de los problemas más graves que deben enfrentar los países en América Latina. Esta tiene un efecto negativo en la economía, que se ve reflejado en el deterioro de la asignación eficaz del gasto público, la generación de costos de transacción adicionales, lo que conlleva a un desaliento de la inversión privada y afecta negativamente la productividad; daña la confianza de los ciudadanos en el Estado y en la democracia, y con ello la gobernabilidad.
De acuerdo con Latinobarómetro 2017, el grado de satisfacción de los peruanos con la democracia es 16%. Donde el 80% considera que se gobierna para unos pocos grupos poderosos. Por ello, no sorprende la poca confianza que tienen los peruanos en el Poder Judicial 18%, Gobierno 18%, Congreso 13% y los partidos 11%.
La corrupción en el Perú es endémica y las instituciones están capturadas por grupos privilegiados. Es momento de limpiar el Estado y exigirles a los funcionarios públicos que nos rindan cuentas.
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