Diethell Columbus: ¿Así llegaremos al Bicentenario?

Hace un par de semanas publiqué una columna que titulé: “Gallina que come huevo…”. En ella critiqué al Congreso por la Ley N° 30647, pues dicha norma restituyó privilegios que el TC había declarado inconstitucionales.

Reitero que el TC debe tomar cartas en el asunto, pues ello no solo vaticina la posible reacción frente a la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley antitransfuguismo, sino que además constituye un nefasto precedente para nuestro sistema democrático.

¿Desde cuándo quedó a nuestra libre elección el cumplir o no un mandato del TC?

A propósito de lo anterior y gracias al servicio de “tuiter express” del congresista Gilbert Violeta, fuimos notificados por redes sociales que la ley antitransfuguismo sería declarada inconstitucional (duro golpe para la consolidación de “partidos” y bancadas). Aprovechando el desliz de su amigo Violeta, el premier Zavala y la ministra Pérez Tello han declarado (casi, casi pontificando) que las sentencias que emite el máximo intérprete constitucional tienen que ser acatadas.

Las convenientes declaraciones de ambos ministros son lo política y constitucionalmente correcto, pero además denotan que el mensaje subyacente fue marcar una diferencia frente al Parlamento. Como dijo un amigo: “El Gobierno le está dando una lección de formas democráticas al Congreso, sobre todo a esa oposición ‘obstruccionista’ que no los deja trabajar”.

Lamentablemente, el discurso de ambos ministros es simple “floro”, toda vez que sus acciones dicen otra cosa. Si revisamos el proyecto de ley sobre el presupuesto público para el año 2018, notaremos que en su articulado se repite una fórmula legal que menoscaba derechos laborales en el sector público y que fue declarada inconstitucional desde el año 2015 (Ver Exps. 0003-2013-PI/TC, 0004-2013-PI/TC y 0023-2013-PI/TC).

¿Quién dijo que las sentencias del TC deben ser acatadas?