Hacía años que se veía venir el conflicto. El acuerdo entre la empresa minera y la comunidad de Fuerabamba, dejándose de lado a las otras comunidades de Challhuahuacho, presagiaba una grave crisis.
La empresa minera sabía que la calma no podía durar siempre. Aunque creía que podía manejar la discordia aprovechando la pasividad de funcionarios y autoridades, dejando hasta las “calendas griegas” la inevitable negociación. Pero no se imaginaba qué tan rápido una chispa podía calentar la voluntad colectiva de todas las comunidades. Y el costo que requerirá apagar esa fogata sería mayor a lo que preveía.
Al comienzo, el Estado se hizo el sordo y el ciego, se ciñó al “dejar hacer, dejar pasar”. Sin embargo, pasados los 50 días de bloqueo de la carretera en Yavi Yavi y en el ingreso a la mina, aunque tarde, el premier se la jugó asumiendo su responsabilidad y ser justo árbitro en la desigual disputa. En política, las decisiones tardías se pagan, como ya se muestra en la última encuesta.
Tomar presos a los ‘abogados defensores’ y a Gregorio Rojas –presidente de la comunidad de Fuerabamba– parecía ser el inicio de una represión en alta escala. La derecha no tardó en saludar este hecho. También, y rápidamente, se sumó el presidente del Congreso. El coro derechista criticó a la mesa instalada en Lima para el inicio del diálogo sin que se suspendiera el bloqueo. Buscaba cargar los costos de la violencia al reciente gabinete.
Al comienzo, la izquierda progresista se redujo a exigir la negociación. Pero los acuerdos y el cumplimiento de estos es lo más importante. Recién, como lo viene haciendo Verónika Mendoza, pudo recobrar la iniciativa planteando propuestas concretas para llevar a cabo en el corto y largo plazo.