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Ruido empresarial

“Los principales agentes económicos –inversores o empresarios– no han sido observadores lejanos de los vaivenes de la política”.

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Hoy se inauguró edición 55 de CADE
Fecha Actualización
La CADE es uno de los pocos espacios valiosos donde se encuentra la política y la economía. El slogan de este año reclama que las cuerdas económica y política no pueden estar separadas. Se asume que, sin una reforma del sistema de justicia, sin una reforma política o sin una reforma laboral, entre otras, no vamos a escapar de la trampa del ingreso medio, con el riesgo de un retroceso económico. El mensaje es claro: sin política, no se puede dar por sentada la estabilidad macroeconómica.
El problema tiene una direccionalidad clara que va de la política hacia la economía. El ruido político es el que afecta a la estabilidad y al crecimiento económico. Esta perturbación aparece incómoda para los agentes económicos pues no les permite la previsibilidad necesaria para que las hojas de cálculo hagan su trabajo.
Hay que decir, sin embargo, que la otra direccionalidad, la que va de los agentes económicos a la política, ha estado anudada por tiempo. Los principales agentes económicos –inversores o empresarios– no han sido observadores lejanos de los vaivenes de la política. Basta recordar los aportes subrepticios a campañas presidenciales, los lobbies en los pasos perdidos del Congreso, las sentencias judiciales a pedido del mejor postor.
En una palabra: Odebrecht. El ruido empresarial también afecta a la política.El tema es que la interferencia de algunos agentes económicos en la política generalmente ha estado encubierta, ha sido informal, si no ilegal. El reto es pasar del financiamiento encubierto de campañas al fortalecimiento de los partidos y de las instituciones democráticas. De la interferencia en la justicia a través de árbitros o estudios de abogados a la necesaria reforma judicial. Esto es muy loable, el reto es que no quede en verso y que se generen acuerdos vinculantes y auditables entre las partes. Una suerte de renovación parcial del acuerdo nacional entre Estado y empresa.