Financiamiento de campañas y aporte de empresas

La divulgación de aportes “desconocidos” de empresas en las campañas es un nuevo golpe a la credibilidad empresarial, ya afectada por el caso Lava Jato y el club de la construcción. Esto tiene que ver con el financiamiento de campañas y partidos políticos en un país donde el Estado no tiene recursos para financiarlos. La exigencia fundamental debe ser transparencia y limitación en la cuantía. Desde 2017 están prohibidos los aportes de empresas. Los aportes personales están permitidos hasta por 60 UIT.

Tuesta (Comercio, 28/11) afirma que no existe la filantropía en los aportes, pero no todo aporte califica como contraprestación de favores, y no tendrían que representar una prestación que espera una contraprestación del receptor o una inversión a la espera de favores a ser retribuida por el candidato que acceda al poder. La transparencia permite al elector conocer al momento de votar quién financió la campaña y ello puede influir en su voto. Hacer público el aporte expone al donante y al receptor ante el ojo público y los medios. Parecen válidos aportes gremiales en defensa de un modelo de desarrollo; caso de aportes gremiales a través de Confiep, en plena efervescencia del chavismo. No era un aporte a un candidato aunque lo pudiera favorecer indirectamente. También era público el apoyo económico e ilegal de Venezuela al candidato antisistema, aunque luego moderó su propuesta.

Vizcarra activó con figuretismo y oportunismo político, adelantando su participación en CADE, y el día que le tocaba exponer intervinieron las oficinas de Confiep. Su popularidad está afectada por falta de resultados económicos y aprovechó la traumática experiencia Lava Jato y la indignación de la opinión pública. Que empiece a gobernar.