Cuidado: La historia juzgará y el pueblo demandará

El 30 de setiembre, cuando el Poder Ejecutivo parecía estar en jaque luego de que el Congreso archivara el proyecto de adelanto de elecciones, el presidente Martín Vizcarra anunció la drástica medida de disolver el Parlamento (inconstitucionalmente, según la mayoría de expertos y opinólogos). Previo a ello planteó un ultimátum, solicitando cuestión de confianza sobre el procedimiento de elección de miembros del Tribunal Constitucional (TC), de discutible validez, pues la elección del TC es atribución del Congreso y no afecta la gestión del Ejecutivo. Cuestionable, también, la interpretación de la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza, que se debe definir con votos y no en una “interpretación” que sirve de excusa para disolver un Congreso democráticamente elegido.

Cierto, el Congreso debió tener muñeca política y permitir el debate para elegir a miembros del TC, cuyos mandatos estaban vencidos desde junio. También debió dejar ingresar al premier Del Solar. El Legislativo subestimó a Vizcarra. La disolución, si no fuera calificada como golpe de Estado, sí parece una clara infracción constitucional que tendrá que ser dirimida por el TC (incluso algunos vocales ya han adelantado opinión).

Vizcarra dice haber respetado la Constitución y la democracia. La disolución tiene 84% de apoyo y Vizcarra 70% de aprobación. Ello no convierte en legal la medida, aunque el apoyo popular y el de las FF.AA. pretendan legitimarla; será difícil revertir la situación y los hechos parecen consumados. Sin embargo, el tiempo será implacable en el juicio de la historia y Vizcarra deberá rendir cuentas de sus actos. Ahora tendrá la presión ciudadana de tener buenos resultados económicos, sin la excusa de la oposición congresal.