Cuando los políticos en el poder son evidenciados por sus negligencias o, peor aún, cuando se muestran actos de corrupción en los que estarían involucrados, lo primero que hacen es negarlo, como si ellos estuvieran pintados en el cargo. Y después, como parte de sus argucias para encubrir sus delitos, está la estrategia de responsabilizar a terceros, sabiendo que en el Estado la estructura vertical de mando impide a un funcionario de mando medio tomar decisiones sin la aprobación previa del titular, ya sea el alcalde, el gobernador regional, el congresista, el ministro y hasta el presidente.
No se les puede pedir honestidad en estos casos, porque, al contrario, lo que probablemente van a argüir es que son víctimas de una persecución o una venganza política y por eso quieren desestabilizar su gestión, por eso no los dejan trabajar y los atacan con denuncias. Realmente son argumentos inconsistentes, porque para empezar hay un viejo adagio que dice que si el río suena es porque piedras trae, y bastaría ver quiénes están involucrados para corroborar que probablemente es gente de su entorno la que se encarga del trabajo sucio.
Es casi imposible atrapar a las autoridades con las manos en la masa, recibiendo una coima o con un depósito bancario a su nombre, se cuidan mucho en ese aspecto y por eso utilizan testaferros, generalmente allegados de mucha confianza, que han sido puestos en el cargo, justamente, para hacer el trabajo sucio de operadores de los actos de corrupción en nombre de la autoridad.
Esto se repite cíclicamente en diferentes escándalos de corrupción, las autoridades lo saben bien y el entorno que los acompaña está bien instruido de este modus operandi, por eso apoyan incondicionalmente durante la campaña política, para que después en el gobierno hagan feria, aprovechándose del cargo.
Estas semanas hemos visto cómo el Congreso despilfarra presupuesto público con un festín de bonos e incremento de ingresos de los congresistas. La responsabilidad, dice, es del área administrativa, cuando se sabe bien que ese personal no puede hacer nada si no es con la venia de la Mesa Directiva. Al igual que en el Municipio de Lima se ha comprado las motos sobrevaloradas, ahora la responsabilidad es de la UNOPS o del comité de compras y el alcalde tiene el cinismo de sentirse indignado; el mundo al revés.
