Miguel Lagos: El nexo de poder político y criminalidad

El cobarde asesinato del reconocido periodista Fernando Villavicencio en Ecuador nos lleva a recordar que solo entre agosto de 2022 y mayo de 2023 han ocurrido 18 ataques contra políticos en suelo ecuatoriano (incluyendo un caso de apuñalamiento). A ello se suma el asesinato del alcalde de Manta hace unas semanas y la lamentable pérdida del candidato presidencial Villavicencio.

Sugiero poner mucha mayor atención al nexo entre crimen organizado, terrorismo político y luchas por el poder en Sudamérica.

Antes de la pandemia del COVID, en 2018, México culminaba otro proceso de elección nacional cuya campaña de competidores políticos arrojó un dato realmente brutal: como si se tratase de ir de cacería, los grupos o actores no estatales y criminales perpetraron (septiembre de 2017 - junio de 2018) 742 agresiones, arrojando un saldo final de 152 políticos asesinados, incluyendo precandidatos, candidatos y electos (Informe Etellekt). Una cifra diez veces mayor a la registrada en 2012.

Como con precisión han señalado algunos estudiosos del fenómeno –con no pocos críticos por cierto–, lo que México ha estado experimentando en los últimos 12 años son tácticas terroristas (tres precisamente: bombardeos, comunicación violenta y ataques contra políticos) perpetradas por grupos delictivos.

Todo ese contexto de extrema violencia y carnicería provocó serios debates con respecto a las políticas de seguridad en medio de la última campaña presidencial. El hoy presidente López Obrador llegó a proponer, entre otras medidas, la amnistía para narcotraficantes. En estricto, para aquellos que apostaron por delinquir ante la “falta de opciones”; una suerte de “paz negociada” para los que “admitan culpabilidad” en la guerra contra las drogas (con 200,000 asesinados solo desde 2006).

Este planteamiento, desde otro flanco, generó una fuerte resistencia por parte de las familias de los miles de víctimas caídas durante años en suelo mexicano. Un mayoritario rechazo ciudadano y similar al que ocurrió en Colombia con el “acuerdo de paz” firmado en Cuba (con auspicio del chavismo) y otorgado por el régimen de J. M. Santos a la cúpula guerrillera de las FARC; hoy impunes a pesar de sus delitos y hasta con asientos en el Congreso. El resultado: narcoterroristas convertidos en “demócratas”.

Como se sabe, el historial de acciones delincuenciales que rondan la violencia organizada y la política no es solo mexicano. Y nada nuevo, además.

Un abanderado de este tipo de nexos del crimen-terror fue el colombiano Pablo Escobar. Impulsado por objetivos económicos y de poder de facto, se conectó con la política (llegó al Congreso y hasta coordinó atentados con la guerrilla izquierdista M-19, como el asalto e incendio del Palacio de Justicia en 1985) como medio de avance inicial, de consolidación y, al final, de supervivencia. El narcoterrorismo jamás estuvo tan bien encarnado hasta ese momento –década de los ochenta y principio de los noventa– como con el desaparecido líder del cártel de Medellín, llevando a los cementerios no solo a miles de colombianos sino alterando el normal desenvolvimiento del sistema político y social. Su influjo en el terreno económico, como se conoce, fue abrumador.

En Perú, si bien las acciones criminales de consecuencias mortales en el plano de la política han sido aún mínimas (dos candidatos asesinados, uno en la capital Lima y otro en la región Apurímac dentro del proceso de elecciones subnacionales de octubre de 2018 por ejemplo), se desconoce cuál es el impacto real que sí podría estar dándose a nivel de las amenazas de violencia. La acción terrorista no es pues solo violencia política ejecutada, operante. Lo es también la sola amenaza de violencia; un acto que puede ser de signo político y que, al enlazarse al crimen organizado, muestra una motivación ya no solo política, sino, además, económica, transaccional.

En esa línea, actores criminales pueden estar siendo usados para neutralizar candidaturas o campañas vía la sola intimidación, el amedrentamiento sin llegar –de manera calculada– al daño físico irreparable. Socavando así la participación, las libertades políticas y la sana competencia en pro de conexiones también políticas y particulares. Es decir, operando a favor de otros competidores enlazados a las redes delictivas en diversos distritos, provincias y regiones, incluso ramificados con la capital.

Este letal binomio de crimen y terror –visto también, según se ha señalado, como el uso de la amenaza de violencia con objetivos políticos– sí podría estar incubándose y desarrollando cierto despliegue en el Perú y otros países de la región de manera subterránea y sistemática, y con varios grados de riesgo.

Este accionar de impacto político se ejecutaría fuera del radar de los mecanismos de aplicación de la ley, de la detección e intervención de las autoridades y de las observaciones periodísticas. Incluso, hasta de las investigaciones académicas y los análisis políticos sobre los extremismos violentos económicamente movilizados y sus vínculos con la política y ciertas redes de poder.

Como señalamos hace tres años, en un grado máximo de riesgo, la convergencia subterránea del poder oficial y la política con las mafias criminales –de narcotráfico y otras economías ilegales– y los grupos extremistas o terroristas como se ha detectado por ejemplo en Venezuela –con Bolivia como apéndice– desde hace varios años puede ser replicado con el mismo nivel de éxito e impunidad en cualquier parte de Latinoamérica.

¿Cómo enfrentará Perú en los próximos años estos mezclados desafíos potencialmente crecientes de criminalidad y poderes políticos infiltrados?

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