Los escándalos de la presidenta Dina Boluarte y de su hermano enturbian cada vez más la gestión pública de todo el Ejecutivo. La discusión nacional dejó de ser sobre metas a futuro como país y sobre cómo afrontar los problemas diarios que golpean a la población, para enfocarse en las joyas y los Rolex de la mandataria, así como en las investigaciones de su hermano Nicanor.
El INEI reveló el alarmante informe que indica que casi un tercio de peruanos vive en la pobreza (29%). Es decir, a diferencia de 2019, actualmente hay 3′290,000 más de pobres. Esta cifra nos hace retroceder a los peores momentos de la pandemia. Además, el documento del INEI también reveló que la cifra de inseguridad es la peor en los últimos 7 años. En 2023, el 27.1% de peruanos ha sido víctima de un hecho criminal. En solo 2 años, esta cifra aumentó 8.2%.
La revelación del documento estuvo empañada por un frustrado e inexplicable intento de postergar su presentación. Esto levantó sospechas sobre una presunta gestión del Ejecutivo para evitar que estos alarmantes datos se conozcan. No obstante, la verdad salió a la luz.
Aunque se esperaban respuestas contundentes a estos datos por parte del gabinete, parece ser que las prioridades del Ejecutivo son otras. Las declaraciones de algunos ministros en los últimos días se han centrado en la defensa de la presidenta frente a los escándalos que la envuelven, en vez de planteamientos que demuestren una estrategia para afrontar la crisis económica y de seguridad.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguró que se buscará revertir las cifras del INEI pero sin revelar ningún plan para cumplir ese objetivo.
Estas cifras alarmantes confirman el fin del milagro económico, que mantuvo al Perú como uno de los países que más creció en la región desde inicios de 2000. Esfuerzos de décadas han desaparecido y los peruanos más vulnerables sufren las consecuencias. Ya no solo se necesita presionar el acelerador para acabar con el ‘piloto automático’, sino que ahora se requiere volver a enrumbar esta nave que va cuesta abajo. Para ello, los ministros deben abandonar el rol de facto de escuderos y cumplir con su rol constitucional de gestores. De no hacerlo, el informe del INEI será el preludio de una debacle económica y social que se creía superada.
