Hace un año, semanas después de conocerse que Odebrecht pagó millonarios sobornos a funcionarios para hacerse de obras públicas, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski publicó el Decreto de Urgencia 003 para evitar que la empresa se deshaga de sus activos en el país y se escape del pago de la reparación civil. Fue una medida necesaria. Sin embargo, por la premura con la que se promulgó, no se contemplaron algunas consecuencias, daños colaterales que terminaron perjudicando a la actividad económica del país y a otras compañías proveedoras que, de manera legítima, habían confiado sus inversiones en las operaciones de la constructora brasileña.
Las proveedoras de Odebrecht en cada proyecto atraviesan un momento complicado. De las 450 empresas que contrataron con la compañía brasileña, 169 han quedado en la quiebra. Así lo señaló hace unos días Hugo Alache, presidente de la Asociación de Proveedores de Odebrecht. Y el panorama todavía luce aún más desalentador para ellas, ya que para marzo el 80% del total quedaría sin liquidez.
Lo que hizo el DU 003 fue afectar la cadena de pagos aunque el Gobierno diga que el fin era, más bien, asegurarla. Como Odebrecht dejó de recibir ingresos del Estado al reconocer sus delitos y perder grandes megaproyectos, no ha podido pagar a los operadores logísticos que contrató ni tampoco a sus propios trabajadores. La norma también incidió en las consorciadas, porque paralizó los proyectos a su cargo. La deuda, además, se originó con los bancos, que prestaron montos millonarios a las empresas para que inviertan en la ejecución de las obras.
Aunque pareciera que esto solo ha afectado al ámbito privado, debemos señalar que ha golpeado, en general, a la economía del país. En su presentación ante el Congreso, la ministra Claudia Cooper indicó que S/30 mil millones de inversión están en riesgo por la paralización de megaproyectos. Y esto ha alcanzado a 53 mil trabajadores y sus respectivas familias, que necesitan de sus salarios para poder vivir. Por eso es necesario que el DU sea modificado y que los propios parlamentarios se comprometan a mejorarlo. Pero no puede haber demoras. El Ejecutivo prorrogó por 30 días el decreto, esperemos que sea tiempo suficiente para encontrar una fórmula que deje tranquilos a todos.