(GEC)
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A José Luna Gálvez se le van acabando los argumentos para defender la cuestionada legalidad de la inscripción de su partido, Podemos Perú, en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); sin embargo, a pesar incluso de su reciente arresto domiciliario, pareciera que la organización que dirige es intocable para las autoridades electorales.

Los indicios de que este reconocimiento se logró a base de coimas y manos negras en el interfecto y chamuscado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) están ganado tal peso que ya deberían descalificar automáticamente a Podemos para postular candidatos a los próximos comicios, presidenciales, congresal y del Parlamento Andino.

Las evidencias recabadas por la Fiscalía son sólidas y, con el caso camino al juicio oral, no puede menos que extrañar la pasividad respecto al partido de Luna, que, ajeno al proceso que se le sigue al magnate de las universidades bamba, continúa en ruidosa campaña.

Las pesquisas del Ministerio Público han determinado con claridad que Luna Gálvez realizó “pagos con fines corruptos”, entre 2016 y 2017, a los integrantes del CNM para que nombraran como jefe de la ONPE a un candidato promovido por él, quien a su vez tenía el encargo de aceptar la inscripción de su partido a las elecciones municipales y regionales de 2018. Todo esto como parte de un proceso judicial más amplio sobre los tristemente célebres Cuellos Blancos del Puerto, en cuyo contexto la organización del hombre de Telesup recibió además el ilustrativo nombre de “Los Gangsters de la Política”.

Lo cierto es que ignoramos qué más tendría que suceder para tomar medidas en contra de una organización nacida fraudulentamente y, según la Fiscalía, vinculada a prácticas delincuenciales impropias de un partido que, si no logra llegar a Palacio de Gobierno, al menos volverá a poner a su gente en el Congreso de la República.

Y con ello, desde luego, garantizarían la impunidad para sus integrantes. Qué pretenden las autoridades electorales con la lenidad, la blandenguería que exhiben ante la opinión pública: ¿“normalizar” ese tipo de actividades políticas?

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