La decisión del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, de mandar al archivo el expediente contra el expresidente Martín Vizcarra ha sido un baldazo de agua fría para quienes esperaban que su mandato fuese el inicio de un cambio en el Ministerio Público, luego de los escándalos que se han sucedido alrededor de la institución.
La señal que ha enviado con la medida es tan negativa que no pocos ciudadanos pensarán que en su despacho ya comenzaron también los trapicheos políticos, a los que ya sabemos qué tipo de tranzas le siguen.
La investigación al expresidente está (¿estaba?) relacionada con el deplorable –por no escribir: delincuencial– manejo de la pandemia del COVID-19, para empezar por la cuestionada compra de 1′400,000 pruebas rápidas para la detección del virus. Que la hayan enviado al purgatorio de los casos inútiles ha generado una justa indignación en congresistas que lo investigaron y que no tenían dudas de su culpabilidad.
Lo que se esperaba es que este expediente se sumara a los otros que Vizcarra ya tiene en el ámbito judicial, por corrupción. Sin olvidar que en el Congreso se le investiga asimismo por el así llamado ‘vacunagate’: un episodio vergonzoso en la historia del Perú, en el que el jefe de Estado y sus allegados se vacunaron a escondidas cuando en el país –las muertes e infecciones crecían sin parar– estas inmunizaciones estaban todavía lejos de poder ser distribuidas masivamente.
Tras el pronunciamiento de Villena, el congresista Ed Málaga ha sido uno de los primeros en levantar la voz. Su protesta es absolutamente legítima y expresa mayormente el sentir de los peruanos. El parlamentario fue enfático al señalar que la decisión fiscal “genera impunidad” y que echa “más dudas de las que ya teníamos sobre la calidad del trabajo de la Fiscalía… Esta medida deja la impresión de que de alguna manera Vizcarra tiene injerencia en la Fiscalía. Como que le están dejando el camino libre con este archivamiento”, declaró a Perú21.
En el Congreso se está pidiendo la presencia del fiscal de la Nación para que explique al país las razones de semejante blindaje, porque no hay otra manera de llamarlo. Con tan poco tiempo en el cargo, las sombras de la sospecha comienzan a extenderse otra vez sobre el liderazgo de una institución esencial para la democracia y el Estado de derecho.
