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No es infrecuente que sea a través del humor que mejor se resuma una situación crítica. En ese sentido, la caricatura de Heduardo ayer en Perú21 resulta ejemplar. En ella, uno de los personajes afirma desconcertado: "Ya me confundieron otra vez… ¿Figallo puede o no puede ser colaborador eficaz de Martín Belaunde?".

En realidad, el interés desmedido del ministro de Justicia, Daniel Figallo, por el caso de Martín Belaunde y las reuniones –inapropiadas por decir lo menos– con los integrantes de la Procuraduría Anticorrupción, los fiscales que ven el caso Áncash y el asesor jurídico del presidente, Ollanta Humala, abonan a la suspicacia.

Aunque no se pueda hablar en sentido estricto de presiones indebidas, la sola presencia del asesor presidencial Eduardo Roy Gates era suficiente para demostrarle a Yeni Vilcatoma quién era el verdadero interesado en que los asuntos vinculados al prófugo empresario se manejaran cuidadosamente.

Por otra parte, la ex procuradora –cuyo valor es indudable y abrumadoramente apreciado en las redes sociales– al grabar sus conversaciones con el ministro, aunque permitidas legalmente –como sostiene Rodolfo Pereyra apelando a la Ley de Protección al denunciante: "Si un funcionario público graba la conversación con un superior, porque tiene fundadas y razonables sospechas del tratamiento de actos irregulares, ilegales o delictivos, no quebranta los deberes de buena fe a los que está obligado"(los subrayados son míos)–, entra en una zona gris que no ha sido capaz de aclarar debidamente el ex procurador Salas y que, suspicacia mediante, hace pensar en segundas intenciones.

En esta situación perdemos todos (salvo los corruptos) porque el mensaje es claro: en nuestro país los delincuentes salen bien librados si tienen los contactos adecuados.

En el mejor de los casos por amiguismo, en el peor por complicidad, pero es el gobierno el que más pierde, porque no podrá librarse del estigma Martín Belaunde en lo que queda del mandato.