Proinversión declaró de interés público la iniciativa privada para la implementación de bloqueadores de celulares en 33 penales. De esta forma, las empresas tienen 90 días para expresar su intención de participar en el proyecto.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figalo, manifestó ayer que, de no haber interesados, se procederá a adjudicar este servicio directamente a la compañía que presentó la iniciativa.
"El ganador del concurso también administrará los teléfonos públicos instalados en el interior de los centros de reclusión. Este sistema evitará que se sigan planeando extorsiones desde las cárceles", dijo tras participar en una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).
Por su parte, el premier Juan Jiménez adelantó que en breve se aprobará el reglamento de control biométrico para los chips prepagos de celulares, que permitirá tener un mejor control de la identidad de los dueños de los teléfonos.