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Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

El lote 192 está ubicado en Loreto, muy cerca de la frontera con Colombia y fue operado por la Occidental Petroleum Company, luego por PetroPerú y hoy por Pluspetrol. El 14 de agosto venció el contrato de la última y mañana se entregan los sobres (subasta) para el nuevo contrato de concesión, a la que, a la fecha, solo se han presentado tres interesados: Pacific Rubiales, Perenco y la propia Pluspetrol, incluso luego de que se flexibilicen las condiciones del contrato.

Pero el problema principal persiste: el Estado ha valorizado los activos de la operación en más de US$350 millones que ni Perenco ni Pacific parecen dispuestas a pagar, ni siquiera si el pago se fracciona por un periodo de 20 años a una tasa de interés de algo más de 6% al año. Esto dejaría como único postor e interesado a Pluspetrol, a la que las comunidades de la zona (representadas por cuatro apus) tienen entre ceja y ceja. De hecho, la amenaza existe: si gana Pluspetrol sin mecanismo de consulta previa ni subasta, habrá levantamientos. No es raro para una empresa con los pasivos sociales y de imagen que tiene (¿cuántas compañías que no lidian directamente con los consumidores se ven en la necesidad de hacer una campaña de difusión de sus programas de responsabilidad social en televisión abierta?).

En junio, PerúPetro descartó que Pluspetrol fuese a quedarse con la operación por alguna prórroga del contrato, lo que obliga al Estado a buscar algún operador, dado que PetroPerú no tiene gente para operar el mencionado lote. El Ministerio de Energía y Minas ya ha dejado claro que los pozos no habrán de cerrarse (una vez cerrados, al reabrirlos solo recuperan una fracción –20%– de su capacidad de producción).

Pluspetrol no dice ni pío. Se quedaría por defecto con la operación porque el Estado no puede hacerlo y no cerrará los pozos aunque las comunidades no quieran a la empresa. Ojalá que no.