El equipo especial del caso Lava Jato del Ministerio Público, representado por el fiscal José Domingo Pérez y el fiscal superior Rafael Vela, suscribió el acuerdo con Odebrecht. (Foto: GEC / Video: TV Perú)
El equipo especial del caso Lava Jato del Ministerio Público, representado por el fiscal José Domingo Pérez y el fiscal superior Rafael Vela, suscribió el acuerdo con Odebrecht. (Foto: GEC / Video: TV Perú)

Para nadie es un secreto que es el extremado celo de los fiscales para llevar cuidadosamente sus casos lo que, hasta ahora, le ha permitido avanzar tanto al equipo especial Lava Jato. Si a ese celo le sumamos un rigor profesional a toda prueba, que no se ha detenido ante poderosos empresarios, expresidentes o líderes políticos de todas las tendencias y los coordinados ataques de la prensa adicta a los intereses afectados por las investigaciones, podremos tener un retrato muy aproximado del carácter de estos destacados funcionarios del Ministerio Público.

El respaldo que tienen de la ciudadanía se hace sentir no solo a través de las cifras que arrojan las encuestas mensuales, sino también en la calle, como ocurrió con las movilizaciones que se desplegaron cuando el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, intentó quitarlos de en medio con una leguleyada.

No obstante, ha habido ocasiones en que se ha podido apreciar, asimismo, que se les va la mano en las medidas legales que toman para proteger el curso de sus pesquisas y acopio de pruebas. Y no nos referimos al tema de la prisión preventiva, que, siendo constitucional, se ha discutido largamente, respecto a sus usos y presuntos abusos. Nos referimos, más bien, al caso específico del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (81), cuyo arresto domiciliario estaría a punto de ser revocado debido, principalmente, al hecho de haber recibido “visitas políticas” que no le correspondían.

Maliciar que PPK se ha reunido en su casa con Gilbert Violeta, Carlos Bruce y Mercedes Araoz para urdir maniobras que obstaculicen alguna investigación judicial es, por lo menos, exagerado. Como se ha dicho, el expresidente no tiene familiares viviendo en el país y sus amigos son políticos y empresarios –algunos, quizás, con una que otra causa judicial pendiente– con los que, a estas alturas, difícilmente podría conspirar contra el proceso que afronta.

Las suspicacias son entendibles, considerando el peso y la magnitud de los casos que se llevan en la Fiscalía y en los que se debería enfocar. Pero de los excesos de celo, hay que cuidarse. Lo del pedido de prisión para PPK es, a todas luces, una exageración que no debe prosperar.