La suspensión de Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, se veía venir. Es más, debido a los plazos que establece el reglamento de la Junta Nacional de Justicia lo cierto es que demoró una eternidad en producirse.
Las últimas maniobras a las que Benavides recurrió para mantenerse en el cargo y bloquear la investigación que había iniciado en su contra la fiscal Marita Barreto fueron suficientemente elocuentes para concluir que no estaba a la altura para seguir desempeñándose como máxima representante del Ministerio Público. Destituciones interesadas, denuncias intempestivas, victimización política, alegatos sobre el socorrido “debido proceso” y un presunto “complot” en su contra, entre otras piruetas legalistas, no le han servido de mucho ante la solidez de las evidencias.
El equipo de la defenestrada fiscal Marita Barreto iba tan bien encaminado en sus pesquisas que hasta el poderoso asesor Jaime Villanueva, acogido ya a la figura de colaborador eficaz, reconoció por añadidura que operó en el Congreso de la República, en complicidad con determinados parlamentarios, para blindar políticamente a Benavides. Todo ello a cambio, desde luego, de favores respecto a casos sensibles –para los involucrados en estas componendas, se entiende– en el Ministerio Público. Es decir, una estrategia mafiosa prácticamente de manual.
Así, la Fiscalía de la Nación tampoco ha logrado mantenerse inmune a la degradación de la institucionalidad que los últimos años contaminó a casi la totalidad del ámbito de la política y los poderes del Estado.
De momento, el fiscal supremo Pablo Sánchez –que ya fue fiscal de la Nación entre 2015 y 2018– ocupará interinamente el puesto de la suspendida. Sin embargo, se sabe que Sánchez tiene previsto declinar este lunes, debido a problemas de salud y ceder el cargo al fiscal supremo Juan Carlos Villena. El traslado de responsabilidades recién se podrá realizar ese día debido a los feriados del jueves y viernes para el sector público.
Queda claro que la principal tarea del nuevo encargado será recuperar la credibilidad de esta institución, esencial para la democracia, la gobernabilidad, el ordenamiento legal, la ciudadanía y los derechos humanos en todo el Perú.
En un país como el nuestro, que desde hace años arrastra contenciosos de corrupción en las altas esferas del poder, la imagen de la Fiscalía de la Nación debe mantenerse impoluta y ajena a cualquier controversia o duda.
