Leyes contra el terror

Frente al aumento acelerado del delito en el país, las medidas anunciadas por el Gobierno han resultado un fracaso rotundo. Aparte de algunas capturas de mediana y menor importancia, la ola criminal prosigue su avance, cubriendo cada vez mayores áreas del territorio nacional. Las calles siguen siendo extremadamente inseguras y el crimen organizado ha extendido sus tentáculos más allá de lo imaginable.

El país, la ciudadanía, continúan en jaque, sin que las autoridades hasta ahora hayan logrado dar pie con bola para contener o revertir el avance de estas fuerzas disociadoras que están devorando la vida cotidiana y las actividades económicas de los peruanos.

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, al expresar su preocupación por los últimos actos de sicariato y violencia homicida provenientes de las organizaciones criminales, ha sugerido calificarlas jurídicamente como actos terroristas.

“Me preocupa el uso de explosivos, el cobro de cupos. Ya le encuentro un parecido con las acciones terroristas”, expresó, luego de considerar que es hora de cambiar la tipificación de los delitos de estas sanguinarias bandas como actos terroristas para endurecer las medidas contra la delincuencia.

Una medida similar a la aplicada en Ecuador por el presidente Daniel Noboa, que ha tipificado de ese modo al enemigo interno al que se enfrenta. Organizaciones criminales que operan en todo su país, incluyendo las cárceles, y que no hace mucho hasta se dieron el lujo de desafiar al Estado ecuatoriano y tomar una estación de televisión.

¿Debe llegar a ese extremo el deterioro de la seguridad pública para que comience a adoptarse otra postura ante los graves hechos que ya se viven en la sociedad peruana? Recordemos que, sin ir muy lejos, el Tren de Aragua y las fuerzas de choque de la minería ilegal actúan con armamento pesado, explosivos de gran alcance, sistemas de alianzas y cuentan hasta con lobbies en el Congreso de la República.

Hablamos, entonces, de redes perfectamente articuladas en distintos estamentos del poder –incluyendo el Judicial, que libera a tantos delincuentes, luego de ser capturados por la Policía– que están atacando los cimientos de la democracia al ponerse por encima de la ley a través de extorsiones, coimas y su indiscriminado poder de fuego.

La violencia delictiva en el Perú hace rato que ascendió a la categoría de terror organizado. Perú21 se ha pronunciado en ese mismo sentido en más de una oportunidad. El debate está abierto.