Importante y oportuna la llamada de atención al Ejecutivo y Legislativo que hiciera ayer Aldo Mariátegui en su columna “El fujiaranismo y el pobre Perumin”. En efecto, es increíble que, mientras el Perú necesita con urgencia reactivar sus motores de crecimiento, por un lado, estemos despilfarrando la plata en absurdos (como los Panamericanos y la refinería de Talara) y, por el otro, estemos poniéndole más zancadillas al sector minero (gran contribuyente, proveedor de divisas, puestos de trabajo e inversión).
El sector minero, por si hay que recordarlo, provee el 50% de las divisas, 20% de la recaudación fiscal y 11% del PBI total (datos del IPE). Eso es en los grandes números. En la realidad, es más importante el impacto que tiene en zonas donde la naturaleza es agreste, la pobreza mayoritaria y el Estado inexistente.
Los antimineros han depositado en la ciudadanía rural, lamentablemente, mitos y mentiras que son difíciles de contrarrestar. La primera es que la minería es la principal actividad contaminante en dichas zonas. Eso puede ser cierto en áreas donde la actividad minera es ilegal o informal, pero no la gran minería, aquella justamente afectada por la Ley 30640, que regula la actividad en “cabeceras de cuencas”. La gran minería, aquella que explota dichas áreas, trabaja a niveles internacionales, la mayoría con distintos certificados ambientales.
Por otro lado, no es cierto que la actividad minera puede ser reemplazada por actividades locales, como la agricultura, la ganadería o el turismo. No es un sustituto, y el mejor ejemplo es Cajamarca, donde, una vez retraída la actividad minera, se ha desplomado el PBI (y, peor aún, ¡se ha incrementado la pobreza!).
Es evidente que la minería trae consigo problemas (la gran mayoría sociales y culturales), pero todos ellos pueden ser atendidos con el apoyo gubernamental, algo que sin la actividad se vuelve impensable (para empezar, por la falta de recursos).
Esperamos que pronto puedan conciliar, Ejecutivo y Legislativo, en revisar dicha norma.