Lo que ocurre hoy con Petroperú es la repetición de una historia ya padecida: la aventura del Estado empresario que, en su intento de sustituir a la iniciativa privada, genera más pobreza, más destrucción de valor y más endeudamiento.
Petroperú fue la fusión que hizo la dictadura militar de la confiscación de varias empresas petroleras y lo que ocurre es un “deja vu” de cuando las empresas estatales carecen de incentivos para maximizar su eficiencia y obedecen a criterios políticos, prebendas y cuotas de poder.
A partir del asalto a la democracia, con el golpe de Estado de Juan Velasco, el Perú sufrió una profunda transformación económica. A la descapitalización y pérdida de productividad del agro, así como el aumento de la pobreza rural, se sumó la aplicación del “experimento peruano”, que, basándose en una nueva concepción, estatizó la propiedad de los medios de producción bajo el augurio de un gran cambio hacia una sociedad más justa. Estas expropiaciones, confiscaciones y asaltos se hicieron al amparo de forjar una sociedad autogestionaria de participación plena.
Bajo una etiqueta nacionalista, el modelo velasquista tenía en su centro económico escoger los sectores ganadores de la economía, reservándose para sí las llamadas “industrias estratégicas” como la del acero, química básica, servicios públicos, mineras, petroleras, pesqueras y de transporte. El “modelo” devino en cinco años de sucesivas crisis de balanza de pagos que, a la postre, obligaron a entregar el poder de facto a la voluntad popular vía el voto universal.
Como consecuencia de estas políticas, entre 1985 y 1989, las empresas estatales generaron pérdidas por US$1,700 millones, lo que representó un déficit promedio anual de cerca del 2% del PBI. En 1988, estas empresas consolidaron pérdidas por 4.3% del PBI. Electroperú, Petroperú y Enci registraron pérdidas acumuladas de US$420 millones, US$400 millones y US$340 millones, respectivamente.
Durante el período 1970-1990, la pérdida acumulada de las empresas estatales ascendió, aproximadamente, a US$7,100 millones. El déficit registrado por estas empresas fue financiado mediante emisión monetaria inorgánica.
El valor actual de la pérdida de las empresas estatales durante el período 1968-1990 ascendió a US$24,600 millones y el financiamiento de esas pérdidas, conjuntamente a las pérdidas de la banca de fomento estatal, fue el principal destino de la emisión monetaria, causante del proceso hiperinflacionario, empobrecedor, que padeció el Perú a finales de la década de los ochenta.
El Estado peruano tiene enormes responsabilidades que cumplir en favor de la población, particularmente de los más necesitados. Dilapidar recursos escasos en una empresa quebrada no es una de ellas. Quienes no aprenden de la historia están condenados a repetirla*.
*El artículo se ha basado en datos históricos recogidos en el libro “La reforma incompleta: rescatando los noventa” de la Universidad del Pacífico y el IPE.
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