La extorsión se ha convertido en una delictiva plaga que se expande y nadie hace nada. Las organizaciones criminales tienen en la mira a empresarios, comerciantes, transportistas, orquestas y hasta a limpiadores de carros. A diario somos testigos de atentados contra quienes se resisten a la exigencia del llamado “cupo” para dejarlos trabajar. Balas y muertos son los brutales argumentos de los extorsionadores. Sin embargo, para el comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, sería mejor que la prensa no difunda estos hechos porque generan zozobra en la población.
Cuando un gobierno culpa a la prensa, minimiza los hechos o pide silenciar la difusión de casos de inseguridad, está evadiendo su responsabilidad recurriendo al vulgar recurso de culpar al mensajero y pretendiendo socavar la libertad para informar. Frente a ello, el periodismo debe estar alerta y no claudicar ante bravatas. Recordemos a Juan Luis Cebrián: “El periodismo está amenazado cuando su destino es contar lo que los poderes quieren ocultar”.
Los periodistas no somos “chivos expiatorios” de ninguna autoridad que intente desviar la atención de sus propios fracasos con políticas ineficaces contra la criminalidad. La responsabilidad del gobierno es justamente reducir la zozobra con estrategias eficaces que mejoren la seguridad pública, en lugar de culpar a otros por la cobertura de ese flagelo.
La extorsión es un fenómeno que utiliza el miedo para obtener beneficios ilegales y, con la muerte de centenares de ciudadanos, va ganando terreno frente a la tibia y tardía reacción de las autoridades. Los extorsionadores, al igual que los terroristas escalan la violencia a punta de granadas, bombas molotov y asesinatos.
El silencio no va a mejorar la situación, como cree el general Zanabria. La realidad amerita acciones contundentes para combatir esa plaga criminal. Según registros de la Policía, solo de enero a marzo de este año, se suman 5,012 denuncias por extorsión, sobre todo en Lima, La Libertad y Tumbes, sin contar los asesinatos por este delito.
Son varios los sectores que exigen una modificación legislativa y que se tipifique un nuevo delito: “el terrorismo urbano”. Sin embargo, ello pasa no solo por un cambio en la denominación de la ley, sino por un plan articulado de acción con las partes involucradas: Policía, Fuerzas Armadas, Ministerio Público y Poder Judicial. Cómo se aplicaría ese nuevo delito sigue siendo la gran interrogante. Sin un programa bien estructurado caeríamos en otro anuncio populista, solo que esta vez asomaría el “populismo penal” que aumenta penas para la tribuna y queda en letra muerta.
Reconocer la realidad es el primer paso para entender la magnitud del problema. Los medios de comunicación están para informar, no para hacerle el trabajo al gobierno en su obligación de brindar seguridad a la ciudadanía. El problema no es la cobertura de los hechos, sino el intento de distraernos, mientras las bandas criminales siguen haciendo de las suyas.
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