La estadística no sirve sin análisis lógico

Hace 23 años lideré un estudio sobre los sistemas de monitoreo y evaluación de varios programas sociales del Estado peruano. Salvo muy honrosas excepciones, el equipo concluyó que había poca cultura de evaluación y ningún apoyo político para invertir recursos en ello. Cuando encontrábamos un sistema de evaluación elaborado, era por exigencia de alguna entidad de cooperación (Banco Mundial, BID, USAID, etc.). Pero aun cuando estas evaluaciones se hacían, no siempre los funcionarios podían dar ejemplos de uso práctico de los resultados para introducir mejoras. Presumo que eso, aunque algunos ministerios sí han introducido mejoras, y nuestro desastroso proceso de descentralización, explica en parte por qué se ha multiplicado el gasto en diversos sectores 5 o más veces, pero no se ve ni siente mejoras.

El Estado sí mide al sector privado cuando concesiona. Los hospitales concesionados por Essalud tienen una serie de indicadores, pero lo mismo no está disponible para medir los hospitales que gestiona directamente. Y no se gestiona lo que no se mide. Con el avance tecnológico, cada vez es más fácil usar data provechosamente, pero para eso hay que tener voluntad, y ni el gobierno ni los políticos usualmente la tienen.

Para mi última columna quise saber cuánto demoraba en promedio una apelación ante la Corte Suprema. Revisé a la rápida el informe estadístico del Poder Judicial del año pasado, que tiene poco más de 3 mil páginas. Dice cuántos casos tiene cada instancia al inicio, cuántos resuelve, y cuántos casos recibe, para estimar la carga procesal. ¿Cuánto dura en promedio cada juicio? Ni idea. Todo expediente tiene fecha de ingreso y nada cambia en él sin que haya un documento fechado. La duración se podría calcular automáticamente. La falta de cultura de evaluación explica que no sepamos cuánto demora, si el promedio está bajando, qué casos están por fuera del promedio, etc. De esa falta de cultura también se puede sacar provecho indebido, y más en el caso de profesiones que no cultivan un mínimo entendimiento de matemáticas y estadística, indispensables para cualquier cosa.

Construir una fórmula mínimamente rigurosa para medir la productividad de un fiscal es una inocentada y/o fumada de las buenas. Se podrá construir estadística que se complemente con evaluación cualitativa para acercarse a una calificación que al menos sea consistente, como mucho. La fiscal suprema Benavides, suspendida hasta dentro de algo más de un mes, sostuvo en un informe de productividad, sabe Dios o el diablo bajo qué criterios, la remoción de la fiscal a cargo de investigar a su hermana Enma, acusada de liberar a narcotraficantes.

De lo último sí hay indicadores cuantitativos y cualitativos: (a) 41 narcotraficantes liberados por la sala que ella conformaba, según El Comercio; y (b) incluía peces gordos. Dos están presos hoy por narcotráfico, en Colombia y Brasil. El primero, apodado El Huevo, fue calificado por la prensa como “uno de los máximos cabecillas internacionales del narcotráfico” cuando fue detenido en 2017 en España. Al cartel que lideraba, los Rastrojos, se le atribuye mandar matar al fiscal paraguayo Pecci en Cartagena, en plena luna de miel. Si a alguien no le huele mal todo esto debería consultar a un otorrino.

En menos de un mes se vence la suspensión de Patricia Benavides como fiscal suprema. Salvo que la Junta de Fiscales Supremos la remueva del cargo de Fiscal de la Nación, la investigación del trueque de votos por archivamientos y otros cargos no tendría viabilidad. La velocidad con que el Defensor del Pueblo ha presentado y la Comisión de Constitución aprobado un proyecto de ley para cubrir los cargos vacantes en la JNJ claramente apunta a la reposición plena de la fiscal Benavides, con todo lo que eso implica.

La presidenta dice que el gobierno no es débil porque tiene amigos, pero ya intuimos cómo y por qué los escoge. El deterioro político e institucional que estamos viviendo nos va a costar muy caro.