La desesperación del gobierno

“Si el propio premier utiliza el espacio del Congreso para acusar directamente al fiscal de la Nación de persecución a la presidenta, y encima se atreve a pedir el apoyo del Congreso, no solo comete una infracción constitucional, sino que son delitos de función”.

Richard Arce

Fecha Actualización

30/05/2024 - 07:02

La desesperación del Gobierno frente a las investigaciones fiscales se hace evidente cada día, y lo podemos confirmar con los acontecimientos que hemos venido mencionando en estas últimas semanas: la presidenta Boluarte ya no está gobernando y está concentrada en cuerpo y alma en defenderse legalmente.

No es gratuito que la agenda principal del premier Adrianzén y varios ministros que siempre lo acompañan sea la de escuderos y defensores incondicionales de Dina Boluarte, abdicando de su función constitucional, para la cual fueron designados. Exponen al país al abandono de parte de sus principales autoridades, con lo cual postergan las agendas prioritarias de gobierno, que tanto demandan sectores mayoritarios.

Trato de entender que el gabinete Adrianzén está ahí en el poder por la discrecionalidad de la presidenta Boluarte, que fue quien los nombró en esos cargos, en consecuencia, tendrían una deuda personal —con cada mediocre que hoy tenemos de ministro, no es descabellado pensar que lo hacen en gratitud con la presidenta Boluarte—. El problema es que al asumir el cargo de ministros de Estado se cargan de una responsabilidad mayor, donde los actos y decisiones ministeriales tiene consecuencias políticas y hasta penales, sobre lo cual, al parecer, no se han dado cuenta.

El artículo 128 de la Constitución establece claramente la responsabilidad solidaria que asumen los ministros por las decisiones de gobierno, que incluye los posibles actos delictivos o violatorios de la Constitución.

Si el propio premier utiliza el espacio del Congreso para acusar directamente al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, de persecución a la presidenta, y encima se atreve a pedir el apoyo del Congreso, no solo comete una infracción constitucional, sino que son delitos de función, al obstaculizar la labor de investigación fiscal que está establecida y sacramentada en la Constitución.

No se ha nombrado premier para ser el fiel escudero de la presidenta, sino para gobernar el país, con absoluto apego a la ley y respeto irrestricto al equilibrio de poderes, que sustenta una democracia. Entonces, se equivocan Adrianzén y su séquito si es que así pretenden bloquear las investigaciones fiscales; al contrario, esa actitud los delata y por eso es que tienen menos de 5% de aprobación.

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