Justicia ciega, sorda y muda

Los ciudadanos chilenos Rosario Madueño y Jorge Tovar llegaron a Lima el 29 de julio. Lo hicieron con ilusión, esperanza y emoción, sin imaginar la pesadilla que les tocaría enfrentar antes de disfrutar a plenitud su recién estrenada paternidad de dos mellizos.

Su retorno a Santiago se frustró por una intervención policial ante la sospecha, válida, de que se trataba de un caso de trata de personas. Lo que debió ser un incidente pasajero y de rápida solución se convirtió en un enrevesado trámite que ha llevado a dos personas inocentes a la cárcel y a una sociedad a renovar su desconfianza en el sistema de administración de justicia.

Vivimos en una situación de crisis, provocada por la difusión de audios que han puesto al descubierto el negociado de fallos judiciales y acentuada por el atornillamiento en sus cargos de autoridades cuestionadas. En ese contexto, la orden de detención preventiva por doce meses de la pareja Madueño-Tovar, sin la comprobación mínima de los cargos que se les imputan, no solo indigna, sino que avergüenza, enfada, irrita, nos hunde en un estado de indefensión.

Ayer, el examen de ADN practicado a los menores y la pareja ha demostrado que los pequeños son hijos de Jorge Tovar y que, efectivamente, como él y su esposa declararon, no una sino muchas veces, y como fue certificado primero por la clínica que atendió el alumbramiento y luego por un notario, las criaturas son producto de una gestación subrogada o vientre de alquiler.
Pero la prueba ha demostrado también que la justicia en el Perú se administra sin rigor ni criterio, saltándose a la garrocha los procedimientos, poniendo la carreta por delante de los caballos, porque solo así se entiende que primero los manden a la cárcel y luego se realicen los exámenes que debieron sustentar la orden de prisión.

El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, ha dicho que la Oficina de Control de la Magistratura deberá establecer si hubo “apresuramiento” de la jueza Elizabeth Castillo Colán al disponer la detención. En ese ínterin, la Primera Sala de Apelaciones del Callao revisará esta mañana el caso y los esposos Tovar-Madueño podrían, quizá hoy mismo, salir en libertad y –ojalá así sea– arropar nuevamente entre sus brazos a esos bebés que tanto los necesitan, lo que no quita que deban permanecer en el país hasta que concluya el proceso. Pero el daño a la familia está hecho y el sistema de justicia solo añade una página más a su desacreditado historial. ¿Quién responde por eso? ¿Quién?