Juan Mendoza: Brasil en llamas

Fecha Actualización

22/08/2019 - 21:57

Las llamas de Lava Jato consumen la economía y política del Brasil. El último protagonista es el ex presidente Lula, quien enfrenta cargos de lavado de activos y ocultamiento de patrimonio. Cuando ya pendía una solicitud de prisión preventiva sobre Lula, Dilma Rousseff lo nombró jefe de gabinete, dándole inmunidad.

Pero apenas 40 minutos luego de la juramentación de Lula, un juez federal suspendió el nombramiento. Nadie sabe en qué terminará el enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Lo que sí se sabe es que la corrupción le ha asestado un golpe devastador al Brasil: entre 2014 y 2016 la contracción de su economía será equivalente al PBI del Perú. Y millones han tomado las calles indignados por el aparente contubernio del gobierno con la corrupción.

Es encomiable el titánico esfuerzo de Sergio Moro, artífice de la investigación Lava Jato. Al valiente juez de Curitiba no le ha temblado la mano para poner tras las rejas a Marcelo Odebrecht (entre los más ricos del Brasil) 19 años y 4 meses por corrupción, lavado de activos y asociación criminal. Moro, como su equipo de jóvenes magistrados, es incorruptible. Armado con la ley y en colaboración con la prensa independiente y honesta, Moro va derrotando la danza de millones que adorna la defensa de los malandrines de cuello y corbata. ¿Cuándo veremos un Moro en Perú?

Urgen resultados concretos en las investigaciones sobre la Interoceánica y Gasoducto del Sur. Necesitamos prontas explicaciones de por qué hemos construido una autopista en plena selva, con tráfico casi inexistente, al triple de su presupuesto inicial, con el agravante de haber excluido la licitación del filtro del SNIP. ¿Por qué hemos gastado más de US$2,000 millones en la carretera si las exportaciones anuales por vía terrestre al Brasil son de 30 millones?

También urge saber por qué el costo del Gasoducto del Sur aumentó en más de US$5,000 millones entre el 2011 y el 2014. ¿Por qué la concesión del 2014 tiene una garantía pública que la pagamos los ciudadanos a través de mayores tarifas de luz? ¿Por qué, como lo ha explicado con absoluta claridad Manuel Romero, el proyecto se concesionó sin estudio de mercado ni reservas aseguradas y con un único postor?

Cuando los dineros públicos se desperdician en elefantes blancos con rentabilidad social negativa, les quitamos recursos a nuestros médicos, profesores, policías y militares. Y la impunidad de los corruptos desmoraliza al ciudadano que, desesperado, busca la novelería en la lid electoral. Basta.

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