Juan José Garrido: ¿Nos sobra la plata?

Gracias al Instituto Peruano de Economía (IPE) ahora sabemos, en rigor, cuánto nos han costado la asonada antiminera y la desidia de nuestras autoridades en los últimos siete años: US$67,203 millones. Así como leen. Hemos tirado a un lado, rechazado, nada menos que un tercio (31%) de nuestro PBI. Para quienes no estén de acuerdo, crean que exagera el instituto o busquen otras formas de evadir la realidad, la cosa es así.

En el 2010 se presentó un portafolio de inversiones mineras que superaban los US$58,000 millones para el periodo 2011-2016. De ese portafolio una parte salió en su momento o está en proceso, otro grupo de proyectos no salieron por razones internas de la empresa (decisiones gerenciales, precios de los metales, financiamiento, etc.) y otro grupo no se pudo llevar a cabo por razones externas a la firma: conflictividad social, incapacidad del Estado de hacer cumplir las normas y contratos, etc. Es solo este último grupo el que consideran en el estudio, y suma (nada menos) US$21,500 millones. En otras palabras, 37% de la inversión que se iba a llevar a cabo entre el 2011 y el 2016 no se ha realizado por causas ajenas a la empresa. Son 15 proyectos que, en total, habrían producido más de un millón de puestos de trabajo en su pico (año 2012).

Esta inversión perdida, pero presupuestada, hubiese significado casi US$31,000 millones en términos de PBI. Para lograr este resultado, el estudio aplicó el multiplicador del INEI (1,44). Y lo mismo ocurrió con la producción. Toda inversión minera, como en cualquier sector, está destinada a producir o aumentar la capacidad productiva. El proyecto Conga, por mencionar uno, suponía US$4,800 millones de inversión para producir 54,000 TMF de cobre y 680,000 onzas de oro; la inversión empezaba en el 2011 y continuaba hasta el 2014, cuando la producción empezaba. Entre el 2011 y el 2014 se perdieron, entonces, los US$4,800 millones de inversión, pero a partir del 2014 se empiezan a perder US$859 millones de producción anual.

Así pues, entre el 2011 y el 2014 se han perdido US$24,640 millones de producción que, aplicado el multiplicador, son cerca de US$36,220 millones de PBI. Sumamos la inversión y la producción perdida, en términos de PBI, y llegamos a la cifra final: US$67,203 millones.

El impacto es más notorio si lo visualizamos anualmente. En el 2012, por tomar un ejemplo, el Perú creció al 6%, nada mal. Pero si hubiésemos puesto en marcha la inversión minera perdida desde el 2008, hubiésemos crecido al 9,9%. Es decir, perdimos 3,9% de PBI por culpa de esa desidia y el interés político de algunos. En el 2014, año en el que la desaceleración económica fue más notoria, la cosa fue peor: crecimos al 2,4% cuando pudimos crecer al 6,8%.

Ese es el costo de no hacer las cosas bien y de permitirle a un grupo de oportunistas jugar con el destino de millones de peruanos. Ese monto perdido significaba, en términos prácticos, US$4,734 millones en impuestos, fuera de canon y regalías. ¿Se imaginan todo lo que se pudo hacer con esos recursos? Para empezar, y según los cálculos del IPE, se pudo reducir la pobreza ¡en casi 5%! Es decir, en lugar del 22,7% actual estaríamos alrededor del 18%.

Si bien es cierto que de los US$67,203 millones casi la totalidad (US$62,500 millones) se perdió en el periodo 2011-2015, no son responsabilidad exclusiva de este gobierno. En el anterior gobierno se paralizaron proyectos por cerca de US$5,000 millones, pero, más importante aún, empezó la incapacidad estatal ante los movimientos antimineros. Santa Ana es el mejor ejemplo. Siendo un proyecto menor (US$71 millones de inversión), la falta de respeto a las instituciones y leyes, sumada a un gobierno incapaz de hacer frente a los oportunistas habituales, llevaron al gobierno aprista a tomar la decisión más sencilla: de un plumazo anular el proyecto, sin importar los costes institucionales y el precedente de dicha decisión.

Como es de esperar, no tardarán en deslegitimar este estudio los mismos de siempre. Para ello dirán que los precios no están en su pico (lo cual es una falacia: el estudio, justamente, trata sobre los proyectos paralizados por razones externas a la empresa) o tratarán de echarle la culpa a la empresa, como si ella fuese culpable de las normas y de la incapacidad de los gobiernos de hacer cumplir la ley.

Este estudio cuantifica los enormes costos que asumimos los peruanos por la intolerancia de unos pocos, así como por la incapacidad del Estado de hacer valer la ley y las instituciones. ¿Quiénes pagan esos costos? Todos, pero en mayor medida los más pobres del Perú.