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En los últimos años, y por distintas razones, hemos aprendido mucho sobre nuestro sistema de justicia (o de injusticia, para ser más exactos). Hablamos de la necesidad de hacer "reformas institucionales", un concepto tan amplio como gaseoso a estas alturas. Con que hagamos dos o tres cosas puntuales, sería suficiente para esperar cambios en el tiempo.

Por ejemplo, que las penas se acumulen en lugar de superponerse entre ellas, haciendo que solo la pena mayor tenga efecto real. Esto, a fin de cuentas, incentiva a quien ya cometió un delito muy grave a realizar múltiples delitos menores, a sabiendas de que a lo mucho añadirá una marginal pena. Si a ello sumamos que nuestro sistema favorece la benevolencia (el famoso "2x1", por ejemplo), y que la justicia tarda varios años en sentenciar, pues al final los delitos extremadamente graves se convierten en unos cuantos años, haciendo el análisis coste-beneficio contraproducente para la sociedad.

Otro caso es la prescripción de los delitos de función. De nuevo, es un problema de incentivos: a sabiendas de que la justicia tarda tantos años en llegar a una sentencia firme, pues la apuesta por saquear los fondos públicos tiene mucho sentido. Si tienes un buen abogado (léase, alguien que conozca los vericuetos y a las personas adecuadas) y un poco de suerte, la justicia pasa cerca, pero no te agarra.

Finalmente, el tema de los indultos. Dicha gracia, como sabemos, es un anacronismo espantoso. En una democracia desarrollada (y en pleno siglo XXI), ningún presidente (al final, un funcionario público) debería tener la prerrogativa de liberar a quien fue condenado por el sistema judicial. Dado que el perdón debe existir de igual manera, el mismo debería ser facultad del presidente del sistema judicial, no del Ejecutivo. De esta forma, es la propia institución que ejerce justicia la que evalúa un perdón por razones humanitarias o de otra índole. Así como quien dirige el Poder Ejecutivo debe tomar la decisión a consciencia, igual puede recaer en quien dirige el Poder Judicial.