Juan José Garrido: Sin mercas en campaña

Andrés Calderón, editor central de Opinión del diario El Comercio, se pregunta –en un muy interesante artículo– por qué las empresas no podrían financiar partidos políticos. Calderón, a la pregunta, responde que sí, y se basa en sólidos argumentos: primero, la libertad de una empresa de "expresarse" políticamente a favor de tal o cual candidato o partido; luego está la negación del dinero ilícito: que las empresas constituidas aporten a la política minimiza (por así decirlo) el dinero sucio que de otra manera llegaría a compensar la ausencia. Calderón remata exigiendo una mayor calidad institucional, de tal manera que dichos aportes no devengan en corruptelas, como las del caso Odebrecht.

Debo confesar que llevo días en aquel debate. Es evidente que la precariedad institucional con la cual convivimos debiera poner el debate en pausa: sin instituciones que velen por el respeto de las reglas sobre los aportes económicos, o que puedan castigar de manera rápida y enérgica a todos aquellos que burlen las reglas, pues ningún marco será suficiente para evitar las corruptelas. De hecho, será un promotor de las mismas.

Entonces, mientras el sistema de incentivos no nos proteja ante los embates de los corruptos y mercantilistas, pues deberíamos hacerles las cosas más difíciles a estos últimos. Ser un liberal es muy simple en un sistema institucionalizado; en nuestras latitudes, como vemos, dichas libertades promueven la corruptela antes que el desarrollo.

Pero si los partidos políticos no pueden recibir fondos de empresas, ¿con qué se financian?, ¿individuos? Imposible; pretenderlo sería un incentivo para aquellos oportunistas que no siguen (ni seguirán) las reglas. ¿Estado? Menos. Sería la fórmula perfecta para que se entrone una dictadura velada. No se puede, parece, poner de lado la participación empresarial en los fondos de campaña. ¿Qué hacer? ¿Cómo les "hacemos las cosas más difíciles"?

Calderón parece tener razón, tanto en la lógica de fondo como en el condicional final. El quid del asunto estará en el conjunto de reglas, cómo se velará su seguimiento y bajo qué canales se castigará el incumplimiento. Tema perfecto, dicho sea de paso, para un debate y análisis.