Pensar diferente, caballeros, no nos hace enemigos

El domingo 5 de julio, fuimos testigos de los estados (poderes) alterados de la política peruana. En la mañana, el presidente Martín Vizcarra, visiblemente molesto, anunciaba a bocajarro que recurriría al referéndum en 2021 por no haberse considerado en el Congreso incluir el tema de la inmunidad y por no poner en agenda el impedimento para postular a sentenciados en primera instancia.

La respuesta de un Congreso convulso y rabioso no se hizo esperar y, en la noche, aprobó (con mentada de madre incluida) el texto sustitutorio para reformar la Constitución y eliminar la inmunidad de parlamentarios, altos funcionarios, ministros de Estado y del propio presidente de la República. Y se armó el escándalo.

La fragilidad reflexiva con la que se pretende despojar de la investidura a quienes dirigen el destino de la patria (conservando mañosamente los propios) y la ausencia de actitudes dialogantes por parte del Ejecutivo indican que poco o nada importa para la política peruana las consecuencias de debilitar la institucionalidad del país. Cuanta autoridad elegida que quiera ejercer su función quedará a merced de los “lobos” que estarán prestos a destrozarlos.

Mientras tanto, se alimenta a una sola ganadora: la corrupción generalizada.

Los dimes y diretes entre el Legislativo y Ejecutivo transcurren ante la mirada atónita de los ciudadanos convalecientes del dolor que causan los cientos de fallecidos diarios y de la inseguridad ciudadana que los acecha.

En un año, el Perú ha perdido S/23 mil millones a causa de la corrupción y la inconducta de funcionarios, según informó el contralor Nelson Shack el 17 de junio. Estamos seguros de que las normas que se pretenden aprobar no moverán un centímetro la corrupción enquistada en el país, esa que nos priva de la oportunidad de tener un sistema de salud y seguridad ciudadana óptimo para responder al desafío de una pandemia.

La lucha eficaz contra la corrupción debe tener una estructura firme y audaz, cuya punta de lanza sea la inteligencia operativa policial, que encarcelará para siempre al corrupto. También hay que fortalecer e impulsar en el ámbito judicial la pérdida de dominio, mejorar la calidad del funcionario público sometiéndolo al polígrafo como medio disuasivo, integrar al sistema educativo una cultura contra la corrupción (desde inicial hasta la universidad) y desarrollar programas de docencia ciudadana en los tres niveles de gobierno: nacional, regional y municipal.

Nada de esto va a funcionar si antes los poderes del Estado no dialogan y se ponen de acuerdo para sacar al país adelante pospandemia. Pensar diferente, caballeros, no nos hace enemigos. ¡Éxitos!